La exjueza Manuela Carmena, ahora conocida por todos por su reciente dedicación a la política, que puede llevarle a la alcaldía de Madrid, ha defendido siempre a lo largo de su carrera profesional la tesis de que la pena de privación de libertad debería ser el último recurso del derecho penal, tan sólo aplicable en casos extremos. En España hay hoy 1,3 presos por cada mil habitantes, y con tendencia a la baja, pero otros países tienen bastantes menos (Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos, Suiza?).
Mucha gente comienza a compartir esta tesis, que obliga a reconsiderar el fin último de la pena, que según nuestra Constitución ha de servir excesivamente para la rehabilitación y la reinserción del delincuente. Y en muchos casos, este objetivo filantrópico ni siquiera tiene sentido. En el caso de los delitos económicos contra la Hacienda pública, por ejemplo, mucho más útil que encarcelar a los defraudadores sería obligarles a restituir lo robado y a entregar al Estado gran parte de su patrimonio, e incluso a trabajar gratis al servicio de la comunidad durante un tiempo. La privación de libertad, que es una pena al fin y al cabo degradante, debería reservarse a las grandes violaciones de los derechos humanos. En definitiva, deberíamos repensar todo el sistema penal, que en muchos aspectos ha quedado anclado a la prehistoria del derecho moderno.
