La primera reacción del presidente del gobierno y del PP tras la débacle de su partido en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo fue desconcertante: sin inmutarse, atribuyó lo ocurrido a un problema de comunicación con el electorado, por lo que no creía necesario cambiar nada ni en el partido ni en el Ejecutivo.
La perplejidad de la junta directiva popular fue esta vez evidente, y los mismos asesores que habían recomendado a Rajoy aquella respuesta indolente y plana, deben haberle aconsejado ahora que anuncie algunos cambios. Ya corre el rumor de que la secretaria general, Dolores de Cospedal, accederá a una cartera ministerial, y todo indica que ésta será la principal de una serie de designaciones que incluirían a Wert como embajador ante la OCDE en París. De cualquier modo, el mal resultado obtenido un 27% del voto y la pérdida de más de 2,5 millones de votos con respecto a las mimas elecciones de 2011 ha abierto ya varias brechas en el partido con la dimisión de los presidentes populares de Balears, Aragón y Valencia y las dudas de Juan Vicente Herrera y el propio Alberto Núñez Feijoo. Nadie se irá sin embargo de los cargos orgánicos hasta después de las elecciones generales que tendrán lugar a finales de año.
Sólo un optimista patológico podría sin embargo esperar que estos cambios de imagen que proyecta el PP, y que tampoco serán precisamente imprevisibles ni revolucionarios, vayan a cambiar la intención de voto en lo que concierne a esta formación política, que aún no se ha rehecho de los innumerables casos de corrupción que ha protagonizado. Descartado que la ciudadanía vaya a aclamar al PP por la recuperación económica -que convive con situaciones de gravísima precariedad, parece que tampoco pueda imaginarse que el cambio de caras en algunas instituciones y cargos orgánicos vaya a provocar un gran flujo de adhesiones.
Lo que la ciudadanía exige a los partidos, además de honradez y transparencia para comprobarla, es su apertura al exterior para que pueda entrar a chorros la democracia interna. El PP, en concreto, celebrará su próximo congreso en 2016, cuatro años después del anterior, en 2012, que fue un paseo triunfal del Rajoy recién investido presidente del Gobierno por mayoría absoluta. En otras palabras, en cuatro años el aparato popular no se habrá sometido al escrutinio de sus bases, ni éstas han tenido ocasión de aspirar a cargos de responsabilidad. Asimismo, los cambios que puedan ahora producirse vendrán señaladas por el dedo arbitrario de Rajoy, sin la menor interferencia. Pues bien: este modelo de partido, que ya no existe en Europa, es el que detesta la ciudadanía y el que llevará al PP, si no se remedia de algún modo, al abismo más absoluto.
Ya se ha escrito que la extrapolación de las elecciones municipales a las generales otorgaría al PP 135 escaños, con tendencia a la baja porque en este cómputo no se contabiliza a Podemos extendido sobre todo el Estado (sólo se presentó en algunos ayuntamientos). El PSOE, por su parte, obtendría 118. No hacen falta grandes cálculos para entender que si éstos son los resultados de los partidos más votados, entraríamos en un periodo de inconveniente inestabilidad. Tampoco sería una tragedia, obviamente, pero sería deseable que quienes están al frente de las organizaciones representativas sepan al menos lo que tienen entre manos.
