Balears ha sido flagelada por la corrupción política por lo menos durante dos lustros. La malversación y el fraude han dilapidado las arcas públicas. El PP de las islas ha tenido mucho que ver en todo ello. Mientras las urnas dictaron el domingo un contundente fallo sobre tan grave mal, la Justicia, fiel a su lentitud endémica y atada a la escasez de medios, acaba de llegar a conclusión de que debe sentar en el banquillo a los presuntos autores de fraude electoral. Lo hace cuando los cargos y servidores del PP ya conocen el contenido de su condena de oposición y Bauzá, superado por la evaporación de votos y escaños, todavía no está en condiciones de asimilar que su carrera política se ha extinguido.
Pero todos estos comportamientos y niveles de actuación son compatibles. Grandenzas y solvencia del sistema democrático y de la separación y equilibrio de poderes, a pesar de todo. La responsabilidad pública se ha liquidado en las urnas, la personal continúa dirimiéndose en los juzgados. No quedará solventado en dos días.
Con el caso Nóos en la Audiencia, el juez Castro puede invertir mayor intensidad y tiempo en la instrucción de otras piezas separadas del Palma Arena. Una de ellas afronta el presunto fraude electoral del PP al pagar, en mayo de 2007, un mitin de Mariano Rajoy en Palma con dinero negro. El juez cree tener documentado que así ha sido y Miguel Romero, el propietario de la agencia Nimbus, ha confirmado que cobró en metálico y sin factura. Eran 72.000 euros. De este modo se pretendía esquivar el escollo de haber sobrepasado el límite legal de gasto en una campaña electoral.
El asunto llega a juicio. El juez ha levantado la imputación a Romero pero mantiene la acusación contra Fernando Areal, cuñado de Jaume Matas y tesorero del PP balear entre 2003 y 2008. El fiscal pide para él 3 años de cárcel y una multa de 15.000 euros. Ni la fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía de la Comunitat han formulado en su contra acusación por fraude documental y malversación de caudales públicos que sostenía el juez. De todos modos, se deduce testimonio de la instrucción judicial al Tribunal y a la Sindicatura de Comptes.
Estos comportamientos contrastados con el resultado electoral del domingo pueden llevar a la conclusión de que los electores se toman los comicios mucho más en serio de lo que lo hacen algunos de los políticos que han concurrido a ellos y sus acólitos o parientes. El sistema mantendrá sus fisuras mientras el juego limpio y el buen uso del dinero público no sea el primer compromiso irrenunciable de los modos y usos de toda campaña electoral.