El juez Manuel Penalva analiza con precisión de cirujano las circunstancias en que se grabó el vídeo clandestino de la declaración de doña Cristina, ocurrida hace casi un año en Palma, pero no profundiza en quién financió esa operación.
Hay que ser muy inconsciente siendo abogado en ejercicio para grabar ocultamente a la Infanta y no sacar nada de esa temeridad.
Los dos letrados imputados en este sumario se juegan penas de 6 meses a 1 año de cárcel, que no cumplirían, pero que podrían complicarles su ejercicio profesional. Además está su deterioro de imagen, al aparecer como reos en una causa penal.
Alguien puso mucho dinero encima de la mesa para conseguir la grabación de esas imágenes, una tarea arriesgada y complicada dado el férreo sistema de seguridad adoptado el 8 de febrero del 2014 en los juzgados de Vía Alemania.
Después se habilitó un mecanismo para darle difusión al vídeo en un medio de comunicación concreto y con la excusa de haberlo bajado de una plataforma de internet, como si del cielo llovieran lingotes de oro.
Nadie se cree que los autores de la filmación actuaron como desinteresados héroes, imbuidos por el espíritu de inmortalizar un momento histórico.
En la sala de vistas donde se interrogó a doña Cristina solo había abogados y funcionarios judiciales. Los peritos contratados por el letrado sospechoso apuntan a que fueron los trabajadores de la Justicia los que traicionaron a su juez, pero las pruebas no van en ese sentido.
Reconstruir lo ocurrido en aquella instancia en la primera hora de declaraciones no ha sido fácil. Averiguar quién se lucró con los hechos será imposible.
