La Comisión Europea (CE) ha retirado la denuncia presentada contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por el modelo de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE), aprobado en 2010 y que prevé una tasa a las empresas de telecomunicaciones, dijeron hoy a Efe fuentes europeas.
La CE, en vista de una sentencia reciente de ese tribunal en la que consideraba en línea con el derecho de la Unión la tasa impuesta en Francia a los operadores de telecomunicaciones con el fin de financiar la televisión pública, decidió retirar los casos paralelos contra España y Hungría, precisaron las fuentes.
La Comisión explicó que ha basado esta decisión sobre la sentencia de la corte, con sede en Luxemburgo, del pasado 27 de junio, en la que decidió que la tasa impuesta por Francia a los operadores de telecomunicaciones en 2009 "no viola las normas de telecomunicaciones de la UE".
El caso concernía a la aplicación del artículo 12 de la directiva europea relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, según la cual los cargos administrativos impuestos específicamente a operadores de telecomunicaciones "deben cubrir únicamente los costes relacionados con la gestión y regulación del sector".
"La sentencia del tribunal sobre el caso francés es de directa relevancia para los casos que conciernen a otros Estados miembros, dado que procedimientos por casos similares se habían iniciado contra España y Hungría", indicaron las fuentes.
En particular, destacaron que esos casos también conciernen la compatibilidad con la ley de la UE de "ciertos cargos" impuestos a operadores de telecomunicaciones y están relacionados con la aplicación de esa directiva.
Bruselas denunció a Francia y a España, en este caso por imponer también una tasa a los operadores de telecomunicaciones del 0,9 % de sus ingresos brutos para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad de pago en RTVE.
En julio de 2010, la CE declaró que los nuevos regímenes de financiación de France Télévisions y RTVE eran compatibles con las normas sobre ayudas estatales, aunque estas decisiones se supeditaban a su compatibilidad con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones.
