La conselleria de Asuntos Sociales destinará, dentro del ámbito de la dependencia y para compensar el alza de precios derivada de la guerra, dos pagas extra, una en diciembre y otra en enero, a las personas en situación de dependencia que reciben una prestación económica. El Govern calcula que se beneficiarán unas 19.300 familias que recibirán 9,2 millones extras entre los dos ingresos.
En los presupuestos presentados en el Parlament se incluyen 15,5 millones de euros más que en 2022 que van destinados principalmente a plazas de residencia, centros de día, servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, promoción de la autonomía y prestaciones económicas (estas últimas pasan de 50 a 53 millones de euros). Las islas han pasado de tener 11 mil beneficiarias de ayudas a la dependencia en 2015 a más de 25 mil en la actualidad.
Entre las nuevas actuaciones está la puesta en marcha, a través de la concertación con entidades, del servicio de promoción de autonomía personal para niños y niñas de edades entre los 6 y 11 años en situación de dependencia dirigido a mejorar su integración social. El objetivo principal de este nuevo servicio es facilitar la inclusión social y promover la participación social y comunitaria de los menores en actividades diversas, estimulando las relaciones sociales. El presupuesto asciende a 1,8 millones de euros y está previsto atender a 600.
De 0 a 6 años, continúa creciendo el servicio de atención temprana que llegará a las 156.198 sesiones concertadas con diferentes entidades. Hay que recordar que en 2015 no llegaban ni a la mitad de las actuales. Se atienen más de 1.600 niños/niñas y sus familias y el presupuesto asciende a 6,6 millones de euros. El año 2023 hay un aumento de 5.000 sesiones para llegar a las mencionadas 156.198.
Además, se invertirán 37 millones en la construcción de servicios de estancias diurnas (centros de día y ocupacionales), servicios residenciales en sus diferentes modalidades con la participación de los ayuntamientos, consells y entidades del Tercer Sector. Hay que destacar también una partida de 16 millones de euros para la financiación de los servicios sociales municipales y que tiene como uno de los objetivos aumentar las ratios de profesionales que atienen a la ciudadanía.
En el presupuesto de 2023 también hay 52 millones de euros para la gestión y pago de la ayuda social de protección a las personas trabajadoras demandantes de ocupación que son perceptoras de prestaciones o subsidios económicos por desocupación. El importe de esta ayuda social es de 300 euros en el caso de recibir una prestación contributiva y de 600 euros en el caso de un subsidio de paro.
