Los jueces de instrucción de Palma están molestos por los continuos fallos en el servicio de intérpretes, sobre todo los que tienen que asistir a los extranjeros que están detenidos por un delito, que se ven obligados a esperar más de lo necesario para que se les pueda tomar declaración con todas las garantías.
Este problema fue tratado en la última reunión que celebró la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Se analizó el escrito de queja que presentó la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de instrucción número 5 de Palma. La queja iba directamente dirigida hacia la empresa que se encarga de facilitar y coordinar el trabajo de los distintos traductores, cuya función es básica para la asistencia de detenidos. Si bien estos técnicos trabajan en todos los juzgados en los que se requiere su intervención, como por ejemplo los juicios, los jueces de instrucción consideran que su actuación preferente debe ser en el juzgado de guardia. En estos meses de verano aumenta el número de extranjeros que son presentados ante el juez acusados de un delito. La mayoría suelen ser infracciones que no llevan aparejada prisión preventiva, pero antes de que el juez tome una decisión sobre su inmediato futuro, se les debe tomar declaración. La ley exige que el detenido conozca y comprenda las preguntas que le formulan, pero en la mayoría de ocasiones ni el extranjero domina el castellano, ni el juez tampoco habla el idioma del extranjero. De allí que casi siempre el juez pide que un intérprete esté presente en el interrogatorio, para que le traduzca las preguntas que debe responder el detenido extranjero, y para que también le comunique la decisión que se adopta sobre su caso.
Si bien es cierto que el TSJB únicamente ha recibido una queja por escrito, la totalidad de juzgados de instrucción se han quejado del problema que está causando la falta de intérpretes, por lo que se exige una solución inmediata. De hecho, los jueces advierten que este problema está vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que estos extranjeros, sobre todo los que están acusados de delitos leves, se ven obligados a permanecer privados de libertad más tiempo de lo necesario, porque el juzgado no tiene la capacidad para disponer de inmediato de un intérprete.
La solución de este problema está en manos de los jueces de Palma, ni tampoco del Tribunal Superior de Justicia. Es el Ministerio de Justicia, a través de su gerencia de Balears, la que se encarga de alcanzar acuerdos con empresas privadas para contratar a una serie de intérpretes, que dominen un amplio abanico de lenguas extranjeras, para que puedan asistir a los jueces ante la detención de una persona extranjera.
Otro tema que también preocupa es que en los últimos meses se ha detectado que los traductores que envía esta empresa muestran una baja calidad. Muchas veces no entienden, y por tanto tampoco pueden traducir, las preguntas que les formula el magistrado que interroga a un detenido, ya que muchos de estos trabajadores externos no dominan el lenguaje jurídico que se utiliza habitualmente en un juzgado.
La Sala de Gobierno del TSJB ha hecho suya esta queja y la decisión que ha adoptado es trasladarla a la Gerencia Territorial, recordándole además que no ha sido el único juzgado que ha denunciado este problema. En el escrito remitido a la Gerencia se exige un mayor número de traductores y además se exige que tengan mayor calidad. Se le recuerda que la falta, o retraso, de estos intérpretes «puede provocar situaciones de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos».
