El perito contratado por el Consell de Mallorca en el caso Peaje, que cifra en 40 millones de euros el dinero público desviado en las obras de la autovía de Manacor, ha sido acusado de inflar su dictamen con datos falsos. La constructora ha presentado una querella por corrupción -que no ha sido admitida- y lo ha recusado para que sea expulsado del juicio. La empresa afirma que tiene vínculos con el exdirector insular de Carreteras, Ernesto Santamaría, quien habría participado en el fraude a través de su propia empresa. Estas acusaciones llegan a las puertas del juicio, cuyo inicio está previsto para el próximo 5 de septiembre, y comprometen uno de los pilares de la acusación.

La constructora Pamasa presentó el 22 de marzo una querella por delitos de falso testimonio, tráfico de influencias cohecho, malversación de caudales públicos y estafa procesal contra el perito, José Guardiola, y contra el propio Santamaría. La querella sostiene que el perito, que cobró 200.000 euros del Consell, utilizó mediciones falsas para infravalorar el coste real de la obra y utilizó estos datos fraudulentos en sus informes. En estas irregularidades habría participado la empresa de Santamaría, Gripia Gestió. El juzgado de instrucción número 7 de Palma concluyó que "los hechos denunciados en la querella no presentan ningún indicio de carácter delictivo", por lo que la desestimó. Esta decisión ha sido recurrida.

Por otro lado, Pamasa ha presentado un incidente de recusación del perito ante la Audiencia Provincial, en el que reclama que se le aparte de la causa y que no se tengan en cuenta sus informes, que contradicen al resto de peritos designados por las partes. 

La Audiencia Provincial ha señalado para el próximo mes de septiembre el juicio por el caso Peaje, la trama de presunta corrupción en las obras de la carretera de Manacor en la época de Unió Mallorquina (UM). Los hechos, tras un largo proceso judicial que se ha dilatado durante más de una década, serán enjuiciados por un tribunal popular en una vista que se prolongará durante un mes. En el banquillo de los acusados se sentarán una quincena de sospechosos, entre ellos el exconseller de Obras Públicas del Consell de Mallorca, Antoni Pascual; el exconseller insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, y dos funcionarios del Consell. Según la fiscalía, los procesados desviaron 41 millones de euros públicos que se gastaron en propiedades privadas. Además, sostiene que el conseller Pascual cobró una comisión económica por la concesión de esta obra pública. Los sospechosos están acusados de delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad documental y cohecho.