Mallorca

Internalización de informativos: el Govern quiere que las oposiciones de IB3 sean abiertas

La consellera Garrido ha explicado que "serán como dice la ley: públicas, con publicidad, independencia y titulación"

La consellera, en la reunión previa a la rueda de prensa.

La consellera, en la reunión previa a la rueda de prensa. / CAIB

Guillem Porcel

Guillem Porcel

La radiotelevisión autonómica está de enhorabuena. El Govern ha decidido que internalizará los servicios informativos que en la actualidad tiene subcontratados con grandes empresas privadas. Después de años de controversia, finalmente el Govern del Pacto ha decidido crear una plantilla fija de periodistas y técnicos que den estabilidad a la radiotelevisión autonómica, y zanjar así un conflicto enconado desde hace más de una década entre el personal propio del ente y las subcontratas que dificulta el funcionamiento del día a día, según vienen denunciando tanto los representantes de los trabajadores como algunos directivos de IB3.

La internalización se producirá a partir de 2023, a medida que se vayan terminando los cinco contratos (apoyo técnico, operación técnica a la radio, operación técnica a la televisión, explotación de estudios y el de producción de contenidos informativos) que actualmente externalizan la producción de los servicios informativos.

Esto supone que unos 350 trabajadores, actualmente externalizados, serán subrogados conforme acaben las contratas y pasarán a formar parte de los trabajadores públicos de Balears como empleados indefinidos no fijos hasta que el ente público convoque una oferta de ocupación pública.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, defendió que esta decisión se ha tomado porque apuestan por un servicio público «absolutamente necesario» para los ciudadanos de las islas porque es «garantía de la información veraz, objetiva e independiente, que aporta en el proceso de normalización lingüística y que es un apoyo a un sector fundamental como es el audiovisual».

Según afirmó, esta decisión surge porque los nuevos presupuestos «lo permiten» y cuentan con un informe jurídico completo «que nos marca el camino», en el que se asume que, como máximo, se podrán gastar 6,6 millones de euros de sobrecoste.

Oposiciones sin consenso

La inesperada decisión del Ejecutivo autonómico suscitó una pregunta clave: ¿cómo serán las oposiciones? En este sentido, la consellera de Presidencia y Función Pública, Mercedes Garrido, explicó que primero se tendrá que negociar con el nuevo comité de empresa, «como se hace en todas las empresas públicas», para tratar de determinar cómo será el proceso. Aunque ya dejó entrever la posición del Govern al afirmar que «serán como dice la ley: públicas, con publicidad, independencia y titulación». Desde el Comité de Informativos quisieron dejar claro que harán «todo lo posible» para que los trabajadores actuales se queden.

Asimismo, aseguró que se seguirán criterios de «capacidad, mérito e igualdad» porque es «lo básico» y que el comité de empresa tiene asumido. Este proceso, matizó, será posterior porque ahora se abren dos fases concretas: primero la internalización que tendrá lugar el año que viene y que se trabajará durante este año, y segundo la negociación de las condiciones: «No tenemos mucho tiempo».

«La Ley General de Presupuestos nos ha dado esta oportunidad para hacer la internalización y que no computemos a nivel de tasa de reposición, que era el principal problema que teníamos», añadió. Según declaró, esto va a permitir que haya un proceso de oferta pública de ocupación de estas plazas «como hacen todas las empresas públicas».

«Una reivindicación justa»

Las reacciones no tardaron en llegar. El coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, declaró que se trata de una «reivindicación justa» que acabará beneficiando «tanto a los trabajadores como a la administración y la ciudadanía».

Desde Podemos aseguraron que esta decisión posibilita que haya unos «servicios informativos públicos de calidad y unas condiciones laborales dignas». Su portavoz, Esperança Sans, explicitó que con la internalización se «garantiza el derecho fundamental a la información de la ciudadanía».

El Pi también celebró la noticia e incidió en que «hemos trabajado duro y hemos presionado para que el Govern diera este paso».

Cs pidió saber cómo afectará esta decisión al presupuesto y funcionamiento del servicio público: «Queremos explicaciones de lo que supone».