«Nos ha quitado una losa de encima. Ahora vemos futuro». El presidente de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (Aeoca), Manuel Zea, respira después de que el Congreso les diera su apoyo la semana pasada, tras aprobar, por iniciativa de Coalición Canaria, una enmienda a la ley de Ordenación del Transporte Terrestre que obliga a Aena a rebajar los alquileres de las tiendas y restaurantes.
Por el momento el gestor aeroportuario no se ha puesto en contacto con ellos. «Vamos a dejar que se publique la ley en el BOE y dejaremos pasar unos días», dice Zea, quien está al frente de una pyme familiar que regenta trece locales en los aeropuertos. En dos que tiene alquilados en Son Sant Joan ha logrado en los juzgados de Palma que no se ejecuten los avales por no haber pagado unas facturas que considera desorbitadas al no tener en cuenta la caída del tráfico aéreo por la crisis.
Hasta que Aena no «reaccione» y reenvíe las facturas rectificadas no se pararán las acciones judiciales, añade, pero esa es «la intención». El gestor, por su parte, avisó de que ejercerá «acciones». Con este varapalo dejará de ingresar 1.500 millones de euros.