La dirección general de Consumo del Govern ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que informe de qué eléctricas han inflado los precios para abrirles un expediente sancionador. «En primer lugar necesitamos saber cuáles son las compañías que han infringido la normativa, de lo contrario no podemos denunciar», valoró ayer Félix Alonso, director general de Consumo. «Creemos que la ciudadanía tiene que conocer qué empresas lo hace mal para no penalizar a las que lo hacen bien», añadió.
En plena ola de indignación por las continuas subidas récord de la factura de la luz, la CNMC hizo público un informe el miércoles en el que desvelaba, sin identificarlas, que algunas eléctricas habían inflado los precios artificialmente. «En casos puntuales, el término de energía medio facturado llega a ser un 30% superior al que correspondería», advirtió el organismo.
«Que devuelvan el dinero»
La asociación de defensa de los consumidores Facua criticó ayer en un comunicado la «intolerable la falta de transparencia de la Comisión», y reclamó que haga público qué compañías habrían elevado sus precios de manera fraudulenta. Alonso se hizo eco de esta misma reclamación. «Pedimos a las compañías que han incurrido en esta práctica que devuelvan el dinero. Igualmente espero que el Gobierno presione para que publiciten los nombres», afirmó.
En todo caso, Alonso recordó que todos los procesos sancionadores que abren desde su dirección general son «garantistas», y que una hipotética denuncia contra estas comercializadoras estaría avalada por el equipo de juristas de su departamento.
Más allá de este caso, el director general de Consumo pidió que responsables políticos como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, «estén presentes» en los grandes organismos reguladores como la CNMC. «Se ocupan de cuestiones importantísimas que afectan a todos los ciudadanos y deberíamos tener toda la información en aras de que haya una verdadera transparencia», subrayó Alonso.
En caso de que finalmente la CNMC identifique a las comercializadoras que han inflado el recibo, Consumo volvería a apuntar contra un sector eléctrico al que ya tuvo en el punto de mira a comienzos de 2020. Aquel enero abrió expediente sancionador contra ocho eléctricas por publicidad engañosa. Las compañías anunciaban unas tarifas que no se correspondían con el precio final ya que no incluían el IVA, ni el impuesto especial sobre la publicidad. De este modo, la diferencia entre el precio prometido por la comercializadora y el precio cobrado en la factura podía superar el 27%.
«Finalmente cerramos los expedientes porque todas las compañías a las que se les había abierto asumieron el error y rectificaron. Aunque a alguna le costó más que a otra», valoró el director general de Consumo.
