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Tribunales

Condenados once padres por falsear documentos para lograr plaza en el colegio Sant Francesc

La jueza les impone entre seis y nueve meses de cárcel por aportar certificados fraudulentos sobre su lugar de trabajo o enfermedades crónicas de los niños

Imagen de la plaza Sant Francesc, con el colegio junto a la iglesia

Imagen de la plaza Sant Francesc, con el colegio junto a la iglesia

Once padres de alumnos del colegio concertado Sant Francesc de Palma han sido condenados por falsificar documentos para escolarizar a sus hijos en ese centro educativo. Los acusados inflaron sus puntuaciones en el proceso de selección con certificados fraudulentos sobre su lugar de trabajo o enfermedades crónicas de los menores. Todos consiguieron una plaza en ese colegio y otras familias quedaron así excluidas, una de las cuales inició una batalla legal que ha culminado con este fallo judicial. La sentencia declara a los acusados, uno de los cuales elaboró uno de los certificados falsos, autores de un delito de falsedad en documento oficial y les impone condenas de entre seis y nueve meses de prisión y multas.  La magistrada rechaza expulsar del colegio a los hijos de los procesados.

La sentencia del juzgado de lo penal número 4 de Palma considera probado que los doce padres hicieron trampas en el proceso de selección para la escolarización de sus hijos del curso 2013-2014. Todos querían obtener una plaza de Infantil en el colegio Sant Francesc de Palma y utilizaron certificados fraudulentos para conseguir más puntos y subir puestos en las listas de forma indebida. 

Cuatro de los condenados consiguieron que les otorgaran 5,5 puntos injustamente mediante certificados falsos del lugar de trabajo. Una mujer dijo trabajar en la calle Sant Miquel cuando en realidad lo hacía en Eusebi Estada, un padre aseguró que su empresa estaba situada en las Avenidas pero trabajaba en Santanyí y otro imitó la firma de la gerente de su empresa en un certificado que él mismo redactó para situar la sede social en Palma y no en Marratxí. La sentencia considera también responsable penal a un procurador que emitió uno de estos documentos para una pareja.

El resto de padres condenados aportó certificados sobre enfermedades crónicas de los niños, que en realidad no padecían, para lograr un punto y escalar puestos en las listas de aspirantes. Varios acudieron a médicos amigos, incluso de otras ciudades como Lleida y Valladolid, y no a los pediatras asignados a sus hijos en Mallorca, para que certificaran las falsas dolencias. En estos documentos se confirmaban diversas enfermedades: celiaquía, artritis reumática juvenil y cardiopatías congénitas. Las investigaciones posteriores revelaron que estos niños nunca habían sufrido estas patologías.

La jueza considera a los doce procesados autores de un delito de falsedad en documento oficial, pero las penas son diferentes. Ocho de ellos, que pactaron con la fiscalía y confesaron los hechos, son condenados a seis meses de prisión que se sustituyen por 1.440 euros de multa y otra sanción de 720 euros. A los otros cuatro, que o bien no declararon o bien trataron de justificar la veracidad de los documentos, les impone nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa.

El caso salió a la luz por la denuncia que presentó uno de los padres que se quedó sin plaza para su hijo en el colegio Sant Francesc en aquel curso escolar, iniciado un largo camino judicial. La magistrada alaba en la sentencia «su persistencia y el carácter combativo con el que ha actuado a lo largo de todo el procedimiento hasta conseguir que sus pretensiones prosperasen». 

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial en un plazo de diez días.

La jueza rechaza expulsar del centro a los hijos de los acusados 

La magistrada rechaza en la sentencia la petición del padre que denunció los hechos, que ha ejercido la acusación particular en el proceso, para que los hijos de los padres condenados sean expulsados del colegio Sant Francesc. La jueza señala que supondría «un perjuicio para los menores que debe evitarse». También deniega que los acusados le indemnicen con 46.524 euros por los gastos de escolarizar a sus dos hijas en otro centro privado al quedar excluido por el fraude.

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