La Sindicatura de Comptes ha avalado, aunque con algunas excepciones, las cuentas generales de los Consells Insulars del ejercicio de 2018, en varios informes que se entregaron ayer jueves al Parlament. El organismo fiscalizador recrimina el «uso recurrente» de los llamados reconocimientos extrajudiciales de crédito, que son el pago de facturas sin partida presupuestaria asignada. En el caso del Consell de Mallorca en 2018 se pagó 1,4 millones de euros mediante este sistema.
En concreto, la Sindicatura remitió los cuatro informes de las cuentas generales de cada Consell y un quinto informe que analiza la contratación de estos organismos en el ejercicio 2018. El organismo ha fiscalizado asimismo las cuentas y contratos del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) y ha emitido también una opinión favorable.
Los informes realizan 27 recomendaciones respecto a las cuentas del Consell de Mallorca (20 para la Administración general y siete para el IMAS, 31 para el de Menorca, 36 para el de Eivissa y 25 para el de Formentera.
Entre otras recomendaciones, la Sindicatura llama a los Consells a evitar recurrir habitualmente al mecanismo del reconocimiento extrajudicial de crédito. En el año 2018, el Consell de Mallorca aprobó reconocimientos extrajudiciales por un importe de 1,4 millones de euros; Eivissa, 60.000 euros; Menorca, 321.000 euros; y Formentera, 354.000 euros.
109 millones
Los Consells informaron a la Sindicatura de una relación de 204 contratos, sin contar contratos menores, por un importe conjunto de casi 109 millones de euros. Los contratos de obras suponen el 53% del importe de estas contrataciones.
El informe contiene 30 recomendaciones a los Consells en materia de contratos. Entre otras incidencias, la Sindicatura destaca que se han detectado facturas que exceden el importe del contrato originario y en las que «no consta cobertura contractual» por valor de 1,6 millones de euros: 48.000 del Consell de Mallorca, 907.800 del de Menorca y 730.540 del de Eivissa.
Por otro lado, el organismo identificó gastos en los que «no consta que se hayan cumplido los procedimientos de contratación establecidos». Esto deriva, explica el órgano fiscalizador en su informe, de un uso recurrente de contratos menores para numerosos bienes y servicios por un importe individual superior a los límites fijados. En el caso del Consell de Formentera son 1,1 millones; en Mallorca son 1,2 millones; en Eivissa 1,8 millones; y en Menorca llega a los 2 millones.
