Pau Andreu es una mujer que se quedó en el paro y con un hijo a su cargo pidió la renta social garantizada (RESOGA) que ofrecía el Govern. Les pagaban 569 euros. Le obligan a pedir el ingreso mínimo vital (IMV) del Estado y el descontrol entre el Govern y Seguridad Social provoca que le quiten la ayuda autonómica y solo percibe 200 euros. «Me llamaron por teléfono y me dijeron que como cobraba el RESOGA estaba obligada a pedir el IMV, yo pregunté si eran compatibles las dos prestaciones y me aseguraron que sí».
