Pau Andreu es una mujer que se quedó en el paro y con un hijo a su cargo pidió la renta social garantizada (RESOGA) que ofrecía el Govern. Les pagaban 569 euros. Le obligan a pedir el ingreso mínimo vital (IMV) del Estado y el descontrol entre el Govern y Seguridad Social provoca que le quiten la ayuda autonómica y solo percibe 200 euros. «Me llamaron por teléfono y me dijeron que como cobraba el RESOGA estaba obligada a pedir el IMV, yo pregunté si eran compatibles las dos prestaciones y me aseguraron que sí».
Su sorpresa fue cuando la citaron de Servicios Sociales y le comunicaron que, debido a que percibía el IMV le quitaban el RESOGA: «Yo le dije que me habían asegurado que las dos prestaciones eran compatibles y seguiría cobrando lo mismo, pero la funcionaria no quiso saber nada y me envió a reclamar a Pedro Sánchez».
La mujer se queja del trato recibido por la funcionaria: «Me quedé del todo hundida y sin darme una solución, ya que es del todo imposible vivir con 200 euros y decidí acudir a la Seguridad Social. Allí me dijeron que había mucha más gente en esta situación y que me encontraba en limbo administrativo».
Fina Santiago indicó sobre el caso de Pau Andreu que la solicitud de compensación entre ambas ayudas se está tramitando, ya que fue presentada a finales de octubre y cobrará lo mismo que antes.
