La fiscalía reclama penas que suman 189 años de cárcel para un grupo organizado de 22 personas que actuaba en Mallorca y que se habría dedicado a sustraer, para su posterior venta, vehículos que se encontraban en depósitos municipales de Palma y Calvià. Se trata de un caso que se destapó hace tres años, en el que se detuvo a un total de 22 personas, una de ellas guardia civil, que se habrían dedicado a falsificar documentos oficiales para poder sacar los vehículos de los depósitos municipales. Después, habrían vendido los coches, todos ellos de lujo, tanto en España como en otros países como Croacia, Bulgaria o Alemania. Aunque algunos de estos turismos pudieron ser recuperados, de muchos de ellos se ha perdido la pista, entre otras motivos, porque a veces se desguazaban y se vendían por piezas.
Con el escrito de acusación que ha elaborado el fiscal Nicolás Pérez Serrano se acusa a estos 22 implicados de los delitos de organización criminal y estafa y se pide para cada uno de ellos penas de hasta 9 años de cárcel. En la investigación no se ha podido calcular el valor concreto del fraude, aunque la acusación sostiene que es muy elevado.
Este grupo venía actuando desde el año 2005. Cada integrante tenía un papel muy concreto en la organización, pero el objetivo era común: robar coches de alta gama, falsificar la documentación y posteriormente venderlos, si era posible lejos de España.
En ocasiones se robaban coches que estaban aparcados en la calle o en aparcamientos privados, pero también desarrollaron un sistema más sofisticado, que consistió en llevarse los vehículos, sin pagar nada a cambio de los depósitos municipales de Palma o Calvià. La mayoría de estos coches habían sido embargados, o decomisados, a disposición de distintos juzgados.
El grupo contaba con la colaboración de un negocio de desguace ubicado en el Polígono de Son Castelló. Desde este negocio, según la acusación, se falsificaron muchos de los documentos que se utilizaron para retirar los coches de los depósitos.
En primer lugar la organización lo que hacía era localizar los coches. Contaban con la ayuda de colaboradores, que les proporcionaban información. Uno de ellos era un trabajador del depósito de Son Bugadelles, en Calvià.
El método para lograr sacar los coches de los depósitos era relativamente sencillo. Presentaban documentos falsos, acreditando que se había levantado el embargo o el decomiso judicial. Al no existir ninguna razón para que siguieran en los depósitos, lograban sacarlos. Después los trasladaban a un lugar seguro, donde pasaban un tiempo escondidos, hasta que se consideraba que era el momento de sacarlos y venderlos. Algunos de estos coches se vendieron en negocios de venta de vehículos usados.
El negocio ilegal, además de Mallorca, también se extendió a Andalucía y Murcia. El sistema fue el mismo: falsificar los documentos para poder sacarlos de los depósitos municipales y venderlos en el mercado.
Se da la circunstancia que uno de los acusados que está más implicado en el caso ya cuenta con antecedentes por estafa.
Los 22 acusados están pendientes de que se fije la fecha del juicio, que se celebrará en la Audiencia de Palma.
Casi medio centenar de coches robados
El escrito de acusación de la fiscalía describe, uno por uno, el modelo y la marca de los coches que fueron presuntamente sustraídos por esta organización. En total se robaron casi medio centenar de coches. Elegían turismos de alta gama, de marcas de primer nivel. Uno de los coches había sido intervenido a los narcotraficantes de Son Banya en la llamada operación Kabul y estaba en el depósito municipal a disposición del juzgado. El vehículo más valioso de todos los que sustrajeron era un deportivo Lamborghini, en un depósito municipal de la península. Muchos coches no han sido recuperados.
