El Govern defiende que, al menos de momento, no necesita recurrir al estado de alarmapara aplicar sus actuales restricciones o próximas limitaciones a la movilidad en Baleares, que ya tiene las "herramientas necesarias". Los juristas le dan la razón. Coinciden en que salvo restricción de derechos fundamentales no se hace necesario recurrir al marco que ya se activó para el confinamiento del pasado mes de marzo. Y en lo que coinciden todos es que "fumar no es un derecho fundamental". Más dudas tienen a la hora de las limitaciones a la movilidad que, según la presidenta Francina Armengol, el Govern ya está estudiando: "Estamos en los límites de lo conocido".

"En principio no hace falta, pero estamos en un tema interpretativo", alerta el catedrático en Derecho Constitucional, Joan Oliver Araujo. "Para restringir derechos fundamentales, como sería moverse o reunirse, se necesitaría el estado de alarma, mientras que para cualquier alteración de derechos bastaría que un juez diera su visto bueno", expresa. En este sentido, entiende que las actuales restricciones, que incluyen la limitación de reuniones a 10 personas o la prohibición de fumar no requerirían de esa figura. "Fumar no es un derecho fundamental", señala, si bien cuestiona la medida en sí: "Es matar moscas a cañonazos y con el tiempo se verá que es exagerada, pero no es un derecho fundamental en la Constitución y hay otros países que ya prohíben fumar en la calle".

"La legislación sanitaria permite que se apliquen algunas restricciones. ¿Hasta qué punto? Ese el debate que veo", plantea el abogado y presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Josep de Luis, recordando el "susto" que se llevó la Comunidad de Madrid, donde un juez cuestionó la obligación de mantener la distancia de seguridad para poder fumar.

Sobre esta cuestión, De Luis comparte que "no veo que fumar sea un derecho fundamental. De hecho, ya se ha ido restringiendo desde hace tiempo sin que se haya cuestionado. Es un tema que afecta las libertades, pero como cualquier prohibición".

Respecto a si sería necesario el estado de alarma ante limitaciones de movilidad en las islas, De Luis señala que "dependerá de la intensidad de esas limitaciones o prohibiciones, si fuera general sí sería necesario".

"Basta, no hace falta tener que llegar al estado de alarma", sintetiza la cuestión por lo que respecta a las actuales restricciones la abogada y exdiputada del PP en el Congreso. "Restringir la movilidad no veo claro que el Govern tenga competencias, al menos si hablamos de todo el territorio, otra cosa es que sea una sola zona", señala por contra la abogada.

"En este caso hemos visto que se puede en Galicia o País Vasco", recuerda, sin embargo, Oliver Araujo, apunta, no obstante, que "estamos en el límite de lo conocido".

Críticas a Pedro Sánchez

"Es un tema complejísimo", expresa el abogado y profesor de Derecho en la UIB, Jaume Campaner. "Es un debate entre salud pública y libertades individuales, y ante la evidencia de que vivimos una pandemia, parece lógico limitar las libertades", defiende. Sin embargo, sobre si para limitaciones de movilidad habría que recurrir al estado de alarma, señala que "probablemente sí, porque afecta derechos fundamentales".

Sobre la prohibición de fumar, Campaner no tiene dudas: "No veo que haya diferencia con cualquier normativa autonómica o municipal que prohíba el consumo de alcohol en la calle. Si al fumar existe un riesgo para la salud no le veo especial problema a la hora de restringirlo", plantea el abogado y profesor de la UIB.

En lo que todos también coinciden es en cuestionar el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dejar en manos de las comunidades la solicitud o no de la declaración del estado de alarma en sus comunidades. "Si una emergencia afecta al territorio o una parte, una comunidad puede pedir el estado de alarma, lo que ha dicho ahora el presidente es que ahora está concedido a priori, lo que es quitarse el problema de encima. ¿Qué pasaría si lo piden más de dos? Estoy preocupado que no pueda tener efectos negativos", alerta el catedrático Oliver Araujo.

"Me parece bien que las comunidades decidan, pero debe haber coordinación, no se puede dar toda la responsabilidad a las comunidades", coincide Francisca Pol. "Pasarle la pelota a las comunidades es una total dejadez de funciones", apunta en la misma línea Jaume Campaner, que alerta que "dejar en manos de las comunidades la restricción de libertades y derechos fundamentales roza la inconstitucionalidad".

Los alcaldes alertan de la dificultad de hacer cumplir las medidas

Los alcaldes de Mallorca trasladaron ayer jueves a la presidenta del Govern, Francina Armengol, las dificultades que atraviesan para vigilar el cumplimiento de las medidas contra el coronavirus, debido a la falta de recursos de Policía Local que sufren, después de la presidenta les pidiera "máxima colaboración" para concienciar a los vecinos sobre la necesidad de cumplirlas y hacerlas cumplir en distintas reuniones que mantuvo con ellos por videoconferencia.