El buen gobierno aconseja descartar para la presidencia de entes públicos a personas que adeudan sumas que multiplican el salario que van a percibir. Sin embargo, el Govern progresista desobedeció esta regla, que había reclamado al PP. La alianza de PSOE, Més y Podemos nombró presidente de la Autoridad Portuaria de Balears al aristócrata Juan Gual de Torrella a sabiendas de que mantenía deudas millonarias, fruto del hundimiento de sus negocios.
Las cantidades adeudadas por Gual figuran en abundantes textos judiciales. Hace menos de un año, el Juzgado de Primera Instancia número uno de Palma anunciaba la subasta de un piso en la calle Aragón del presidente de Ports, para responder a una ejecución hipotecaria instada por la sociedad de garantía recíproca Isba. La suma ascendía a 1.181.000 euros, entre el principal y los intereses.
Fuentes próximas al propio Gual resaltan que esta deuda surgía de un préstamo de La Caixa avalado por Isba, y que obligó a subastar un segundo piso en la misma calle palmesana sin satisfacer la cantidad total requerida. Añaden que la Banca March es otro de los acreedores del presidente de la Autoridad Portuaria detenido el jueves por presunta corrupción. En este caso enjugó su obligación con la entrega de una nave industrial.
El Govern no puede declararse ajeno a la fragilidad financiera de la persona que colocó al frente de una institución marcada históricamente por la corrupción, con deudas vivas durante un mandato que fue renovado. De hecho, la izquierda atacó ferozmente a José Ramón Bauzá cuando colocó al frente de la gerencia de IB3 a una persona con la que había contraído deudas. Los progresistas jugaron en ese momento con la disyuntiva sobre si el nombramiento se producía a pesar de las cargas económicas, o precisamente debido a ellas. Ahora han cambiado de criterio. Se apuntaron al riesgo de un mandatario con graves problemas, una apuesta saldada de momento con las cinco detenciones del jueves.
El funcionamiento de Gual contó con seria oposición en el seno del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, aunque nunca de parte de los numerosos políticos progresistas que cobran novecientos euros por sesión. Hasta dos miembros del órgano rector dimitieron en 2018, según publicó este diario. Sobresale la renuncia de un abogado del Estado, Enrique Braquehais Conesa, registrada en julio de dicho año y altamente infrecuente en organismos de esta naturaleza.
Los cargos del consejo son nombrados por el Consell de Govern, pese a la voluntad de desligarse ahora de la Autoridad Portuaria. En octubre de 2018 se produjo la elevación por parte del ejecutivo de Armengol de José Llorca Ortega. Este político no solo podía presumir de haber presidido Puertos del Estado con Rajoy, para ser despedido fulminantemente a la llegada de Sánchez a La Moncloa. Además, es el autor de la frase "cobrar dietas sin ir a reuniones es legal, aunque no ético", que se ajusta con exactitud al funcionamiento de Ports. El revuelo de varios consellers no modificó la decisión.
El Govern de izquierdas también nombró consejera a Carmen Planas. La presidenta de la patronal Caeb acumula estos dos cargos y la presidencia en funciones del Centro Económico y Social, con lo que casi supera a Gual en el afecto personal de la presidenta. En el PSOE se refieren al presidente de Ports como "un capricho de Armengol".
En el consejo de Administración que se reúne mañana también figuran los ecosoberanistas Neus Truyol, que guarda silencio, y Antoni Alorda. Este último comparte el asiento junto al detenido Gual con otro puesto en Ports de les Illes Balears, la entidad pública que facilitó la remodelación del club de Porto Cristo a medida del catamarán de Rafael Nadal.
Los consellers Marc Pons y Pilar Costa, además de la directora general de Turismo, Rosa Morillo, también completan sus quehaceres en Ports. Ninguno de ellos advirtió un comportamiento irregular en la gestión. De acuerdo con la tradición de la Autoridad Portuaria en sus numerosos antecedentes corruptos, el consejo de Administración puede plantearse si los contribuyentes han de pagar las defensas de los imputados por la fiscalía Anticorrupción.
Una larga lista de escándalos
En el caso Mar Blau, el penúltimo de la larga lista de escándalos, los consejeros decidieron que el ente público se haría cargo de los honorarios de los abogados de los acusados. En aquellos tiempos, Gual era consejero en representación de la Cámara de Comercio. Las abultadas cantidades percibidas por los letrados sumaron centenares de miles de euros, sufragados por los contribuyentes y por tanto víctimas de la corrupción. Los imputados que lograron esas aportaciones se jactaban de su peso en el consejo, otra circunstancia que no ha variado.
La buena noticia para Armengol es que Bauzá no pagó factura alguna por sus designaciones de personajes seriamente lastrados por sus deudas económicas. Entre otras cosas, porque el PSOE se guardó de plantear un recurso a la primera sentencia absolutoria del Tribunal Superior, tal vez en prevención de peripecias futuras.
