El sector del ocio nocturno ha tirado la toalla y asume ya que no va a poder abrir en todo el verano, a la vista de la etiqueta negativa que se ha puesto a las empresas del ramo en el conjunto del país y de que el Govern no ha convocado ni una sola de las reuniones quincenales que debía mantener para analizar la posibilidad de flexibilizar su decisión inicial de vetar la actividad en los establecimientos de mayor tamaño, según reconoce el presidente de su patronal (Abone), Jesús Sánchez. Así que el objetivo a partir de ahora pasa a ser el de llevar al Ejecutivo autonómico ante los Tribunales para reclamar indemnizaciones económicas que compensen por la facturación perdida durante la temporada turística, con el anuncio de la las primeras demandas se presentarán a lo largo del próximo mes de agosto. Este tema está ya en manos de despachos de abogados.
El presidente de Abone no oculta que el hecho de que la prohibición de apertura de los establecimientos de ocio nocturno se esté extendiendo por otras comunidades autónomas, al señalarlos como un centro de contagios de forma injusta en opinión de esta asociación, hace muy improbable que el Gabinete de Francina Armengol esté dispuesto a modificar su postura inicial de vetar la vuelta a la actividad de los locales con aforos superiores a las 300 personas (lo que incluye a la práctica totalidad de las discotecas y salas de fiesta de las islas) y todos los incluidos en las zonas vinculadas al turismo de excesos (Platja de Palma y Magaluf) salvo en el caso de las terrazas.
Prueba de ello es que Sánchez y el conseller de Turismo, Iago Negueruela, acordaron mantener reuniones quincenales para analizar la situación de la Covid-19 en las islas y la del citado sector empresarial para plantear si era posible flexibilizar las citadas prohibiciones, pero la prevista para mediados de julio nunca llegó a celebrarse, y la que inicialmente debía de tener lugar esta semana ni siquiera se ha convocado.
Por ello, la patronal Abone opta por un cambio de estrategia: ahora se va a centrar en obtener indemnizaciones económicas de la Comunidad Autónoma.
Porque las empresas del sector asumen ya que este verano no van a abrir, aunque esperan poder hacerlo durante las fiestas navideñas. Así que lo que persiguen es que se les compense los ingresos que no han podido obtener durante la temporada turística al verse obligados a permanecer inactivos por decisión del Govern.
Cientos de millones en juego
En este sentido, Jesús Sánchez recuerda que el sector balear del ocio nocturno factura al año alrededor de 1.000 millones de euros, de los que unos 400 millones corresponden a pubs y cafés concierto que sí están autorizados a abrir al situarse la mayoría en aforos inferiores a las 300 personas, con la excepción de los que están en zonas de turismo de excesos. Por contra, unos 600 millones se centran en las empresas cuya actividad ha quedado vetada.
Sánchez señala que en estos momentos ya hay despachos de abogados que están elaborando un informe sobre la estrategia legal a seguir para reclamar las citadas compensaciones al Ejecutivo autonómico, que será entregado en breve y expuesto ante la asamblea de esta organización, para así durante el próximo mes iniciar la presentación de las correspondientes demandas ante los Tribunales.
