No habrá pacto en el caso Peaje, un caso de corrupción que se centra en los presuntos delitos cometidos en el proceso de construcción de la carretera de Manacor, bajo la administración de Unió Mallorquina.
La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto a los trece acusados la posibilidad de alcanzar un acuerdo para evitar el juicio, que se celebrará ante un jurado popular. Pero para llegar a este pacto, el fiscal exige, además de que los acusados se declaren culpables, que abonen los perjuicios económicos que reclama, que alcanzan los 42 millones de euros.
Este caso llegará a juicio más de once años después de que se presentara la querella criminal, denunciando graves irregularidades en la construcción de esta carretera. Anticorrupción acusó a los responsables técnicos y políticos de haber permitido el desvió de fondos públicos para financiar proyectos privados, como por ejemplo la construcción de un templo de meditación en Búger. También se les acusa de exigir el pago de comisiones para evitar que la carretera pasara por determinadas parcelas.
Entre los acusados destaca la figura del exconseller Antoni Pascual, de Unió Mallorquina, a quien la fiscalía acusa de graves delitos. También aparece como acusado el que fuera director general de carreteras, Gonzalo Aguiar, que en su momento fue detenido, al igual que el director de la obra, Francisco Orejudo.
A pesar de que los abogados defensores han intentado evitar que este juicio se celebre ante un jurado, por la dificultad de los aspectos técnicos que se van a discutir, finalmente no se ha alcanzado este propósito. La vista con el tribunal popular la va a presidir el magistrado Diego Gómez Reino, que ayer tarde citó por videoconferencia a los abogados de los trece acusados para que detallaran las cuestiones previas que van a plantear antes de la vista. Todos los abogados impugnan la instrucción, pero por encima de todo atacan las conclusiones del peritaje que ha realizado un técnico designado por el juzgado, que sitúa el perjuicio económico sufrido en las arcas del Consell en 42 millones de euros. Los acusados, por su parte, van a contraatacar este informe, con la presentación de un peritaje particular realizado a instancias de la empresa que realizó la obra. Un informe que, no solo cuestiona las conclusiones del perito judicial, sino que sostiene que el perjuicio económico no existió y que incluso la constructora llegó a perder dinero.
Juicio antes de final de año
La Fiscalía Anticorrupción, presente ayer en la vista que convocó el magistrado, se opone a todas las cuestiones previas planteadas. No existe intención alguna de retirar los cargos que se han presentado contra los acusados y el fiscal está dispuesto a demostrar ante el jurado popular que se desviaron fondos públicos durante el desarrollo del proyecto de la obra de la carretera de Manacor.
De momento no se ha determinado la fecha en la que se celebrará este complicado juicio, si bien se prevé que sea antes de final de año. El caso peaje es uno de los temas de corrupción más antiguos que se denunció en el juzgado, ya que las primeras actuaciones se realizaron hace once años. La dificultad de los informes, así como las pruebas técnicas que se solicitaron, ha provocado este largo retraso.
La fiscalía acusa a las trece personas que se sentarán en el banquillo de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación y soborno. Se solicitan penas que suman hasta 154 años de cárcel. Por ejemplo, para Pascual, el exconseller de Unió Mallorquina, le reclama trece años y medio de cárcel. En cambio, tanto para Gonzalo Aguiar, como para el ingeniero Francisco Orejudo, se solicitan quince años de prisión para cada uno. También se reclama una pena elevada para el que fuera el celador del Consell que se encargaba de controlar las obras, a quien se le acusa de haber realizado una reforma de su casa mediante la financiación de los fondos para construir la carretera.
