Pese a las llamadas a la cordura y pese a los rebrotes detectados en las últimas semanas, las fiestas ilegales en casas, chiringuitos, barcos y negocios varios donde no se respeta el aforo ni las medidas de distanciamiento social ni el uso de mascarillas han proliferado en los primeros compases del verano, poniendo en jaque a los servicios de inspección de las administraciones. El último ejemplo se dio el pasado fin de semana en una casa de la urbanización Costa de la Calma (municipio de Calvià), donde la Policía Local clausuró una fiesta con más de un centenar de personas.
Los extremos a los que está llegando la situación ha hecho poner el grito en el cielo a la asociación balear del ocio nocturno y del entretenimiento (Abone), que lamenta la "falta de capacidad" de las distintas administraciones y de sus servicios de control para combatir contra estas 'Covid parties' que atentan contra la salud pública.
La toma de posición de la patronal cobra especial relevancia después de un fin de semana especialmente prolífico en este tipo de eventos masivos organizados sin respetar las mínimas normas de protección sanitaria.
Superar el aforo
Dos de los casos más notorios se produjeron en Calvià. Como ya informó este diario, la Policía y la Guardia Civil levantaron un acta el pasado sábado a un chiringuito de la playa del Oratori de Portals Nousplaya del Oratori de Portals Nous por superar el aforo permitido. Además, ayer trascendió que ese mismo día los policías locales se vieron obligados también a clausurar una celebración en Costa de la Calma adonde había acudido un centenar de personas, la mayoría trabajadores de temporada de Magaluf.
Los agentes no se encontraron con una fiesta improvisada sobre la marcha, sino con un evento con una importante logística. Para empezar, se había anunciado previamente en redes sociales como una pool party. Había diferentes tipos de entradas. La general costaba 35 euros, mientras que también se podía comprar un pase VIP por cien euros. La fiesta contaba con una barra de bar con ingentes cantidades de alcohol, un DJ, altavoces e, incluso, un datáfono.
Según informó el ayuntamiento de Calvià en una nota de prensa, estos hechos pueden ser constitutivos de una "infracción muy grave", tal y como lo contempla la Ley de Actividades. Los organizadores se enfrentan a una sanción que puede oscilar entre los 30.001 y los 300.000 euros. Además, los policías levantaron cinco actas por tenencia de sustancias estupefacientes, una de ellas de óxido nitroso o gas de la risa.
Este tipo de eventos proliferan cuando los efectos de la crisis sanitaria aún no se han disipado, como muestran los rebrotes que salpican la geografía española y que han obligado a confinar algunas comarcas.
En referencia a este punto, la presidenta Francina Armengol reiteró ayer la necesidad de la concienciación ciudadana para no olvidarse de las medidas básicas de seguridad, porque, recalcó, "el virus sigue estando entre nosotros". Tras realizar una llamada a la "prudencia", Armengol subrayó que "no se puede jugar" con la salud de la sociedad.
La patronal del ocio nocturno incidió en la idea de que este tipo de actividades ilegales son peligrosas desde el punto de vista de la salud pública, y recordó las severas condiciones que se han impuesto a discotecas y salas de fiestas para reabrir, prohibiendo por ejemplo el baile. En este contexto, Abone anunció que, sin renunciar al diálogo con las administraciones, "iniciará los procedimientos de reclamación" oportunos ante las pérdidas económicas que sufre el sector.
