Con la pandemia en posición moderada se puede comprobar la falsedad de la afirmación de que el coronavirus lo ha trastocado y revuelto todo. Ha habido muchos vuelcos, individuales y colectivos, pero algunas cuestiones vitales siguen en posición lesiva para los intereses, necesidades y derechos atribuibles a Balears. Madrid sigue sin responder al hecho diferencial, la insularidad y la realidad económica y laboral de este archipiélago. Todo lo contrario de lo que ocurre con respecto a Canarias. El agravio comparativo entre islas permanece sólido.
Solo el Atlántico motiva al Gobierno y no el Mediterráneo, lo cual significa que la capacidad de influencia política del Ejecutivo balear permanece por los suelos. El único camino que queda por explorar es el de la ocupación de escaños en el Congreso por parte de diputados que no dependan de obediencia partidista estatal y, además, sean necesarios para formar mayorías de gobierno estable. Pero, seamos realistas, este recorrido no se adivina en el horizonte.
El Gobierno da la espalda a Balears y el Govern, estoico, calla y espera que arrecien las justas críticas de la oposición y hasta los socios políticos y los agentes sociales. Así vivimos. Ha vuelto a ocurrir con el asunto de los ERTE, vitales en este momento. El consejo de Ministros del viernes pasado aprobó la prolongación de estas regulaciones de empleo para Canarias hasta que se restablezca el tráfico aéreo internacional con el archipiélago atlántico. Se reconocen a aquellas islas las particularidades de región ultraperiférica de la Unión Europea y no hay mención a nada semejante con respecto a Balears. Aquí, salvo novedades de última hora, los ERTE que no pertenezcan a trabajadores fijos discontinuos no se prologarán más allá del 30 de septiembre.
La falta de argumentos para justificar la doble vara de medir del Gobierno es evidente. Armengol calla y la oposición tiene el terreno abonado para vapulearla. Pero seguimos sin cobrar.
