El Instituto Balear de la Mujer, IBDona ha elaborado 505 informes de impacto de género desde 2018 -que analizan el cumplimiento de los parámetros de la Ley de Igualdad en la normativa que aprueban las administraciones-, de los que 62 los ha llevado a cabo en los primeros cinco meses de este año.
La Comisión para la igualdad de género se reunió ayer por primera vez esta legislatura, para hacer balance de las políticas de igualdad llevadas a cabo por las diferentes administraciones de Balears y para coordinar las próximas acciones, de las diferentes administraciones, ha informado la según detalló ayer la conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad.
Este organismo, que se ha reunido por primera vez esta legislatura, tiene como finalidad la coordinación de políticas de igualdad y está formato por el Instituto Balear de la Mujer, todas las conselleries del Govern, los cuatro consells, representantes de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB) y por el Ayuntamiento de Palma.
La consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, expuso ante la comisión el trabajo realizado por el Instituto Balear de la Mujer para hacer frente a los efectos de la COVID-19 y la situación de estado de alarma y confinamiento sobre las mujeres víctimas de violencia machista. También mostró interés para saber cómo afrontan las diferentes instituciones participantes las consecuencias que sobre estas mujeres tiene el proceso de desescalada.
La directora del IBDona, Maria Duran, informó de la elaboración de informes de impacto de género por parte de la entidad, que ha realizado 505 en los dos últimos años y medio, con los que se comprueba el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 2016 en la normativa que aprueban las administraciones y revisa cuestiones como que no sea discriminatoria hacia la mujer y que la redacción sea inclusiva. En 2018, el IBDona hizo 262 informes, en 2019 fueron 181 y en los cinco primeros meses de este año han sido 62. Explicó que la diferencia de cifras entre 2018 y 2019 se explica por el hecho de que el año pasado fue año electoral y hubo unos cuántos meses prácticamente sin actividad normativa. En cuanto a ese año, también hay menos de lo normal por el parón administrativo provocado por el estado de alarma.
