Bofetada judicial al Consell de Mallorca. El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Palma ha anulado el Palmarescate a la concesión del túnel de Sóllerque el Consell materializó en diciembre de 2017 tras el pago de 16,3 millones de euros. El juez estima así el recurso interpuesto por la antigua concesionaria, Globalvía, y abre la puerta para que pueda recuperar la explotación del peaje o perciba el pago de una indemnización que en su momento cifró en 31 millones de euros. Todo ello porque el juez estima que las razones alegadas para ejecutar el rescate no quedaron acreditadas ni respondían al interés público.
La concesionaria recurrió a los tribunales por las discrepancias en el importe del rescate que ejecutó la institución insular. Globalvía había valorado en 31 millones de euros la rescisión del contrato, aunque el Consell que entonces presidía Miquel Ensenyat estableció como valor compensatorio los 16,3 millones que finalmente abonó. Pese al desacuerdo entre las cantidades, el 28 de diciembre de 2017 la empresa levantó las barreras del peaje por última vez consumándose así el rescate.
El levantamiento de la barrera venía a culminar una promesa política de los partidos que gobernaban el Consell en la pasada legislatura, que alegaban que rescatar el túnel respondía a razones de interés público cuando por entonces ya sólo faltaban poco más de cuatro años para que acabara el contrato. A lo largo del 2017 la institución entabló unas negociaciones con la adjudicataria del túnel para fijar un precio para el rescate. Pero las divergencias de índole económica hicieron imposible el acuerdo, por lo que el Consell optó por abonar una indemnización de 16,3 millones a Globalvía a partir de los informes elaborados por los servicios técnicos de la institución.
El pago del rescate propició el final de la concesión, un hecho que se escenificó con un acto en el mismo túnel en el que las autoridades simbolizaron el levantamiento definitivo de las barreras de los peajes. A él asistieron numerosas autoridades, entre las que estaban la presidenta del Govern, Francina Armengol; el del Consell, Miquel Ensenyat o la consellera insular de Infraestructuras, Mercedes Garrido, así como representantes de los municipios de Sóller, Fornalutx, Deià, Bunyola y Escorca.
Derecho de volver a operar
La sentencia dictada en primera instancia por el magistrado Eugenio López supone un severo correctivo a la decisión que adoptó el Consell. El juez afirma en su sentencia que existe "ausencia de la justificación de un concreto, real y acreditado interés público" en la decisión tomada, toda vez que pone de manifiesto una "falta de motivación" del acuerdo impugnado que, además, "incurre en arbitrariedad". El juez no entra a valorar el precio del rescate ni los dictámenes periciales, al entender que el Consell actuó de forma arbitraria "sin justificar las razones" que lo llevaron a ejecutar el rescate. Señala también que el acuerdo de la institución estuvo carente de "proporcionalidad".
En su alegato, el juez López señala que para ejecutar el rescate de una concesión "precisa de la concurrencia de un interés público, que ha de concurrir de forma sobrevenida" algo que en su opinión no quedó fundamentado. A su juicio "las razones expuestas por el Consell (discriminación a favor de los que disfrutan de bonificaciones en los peajes, discriminación a favor de otros habitantes de la isla que no pagan peajes y las dificultades de ruta alternativa) deben ser desestimadas". Asegura que "no hay perjuicio alguno para el interés público" con el hecho de que haya un peaje y que si las razones esgrimidas por el Consell se tuvieran que exportar a otras carreteras "conllevaría el rescate de todas las concesiones de autopistas de peaje existentes".
La sentencia acepta las demandas de Globalvía, por lo que le devuelve el derecho a volver a operar el túnel hasta la final del plazo concesional. Sin embargo, la posibilidad de recursos ya anunciado por el Conselll y las excepcionales circunstancias en las que se encuentra el país, hace que la concesionaria difícilmente retome el control del túnel antes de junio de 2022, fecha de vencimiento del contrato. El nuevo escenario hace que la empresa se decante por reivindicar una indemnización de acuerdo con los cálculos que efectuó en el momento en que se le retiró la concesión, según señalaron fuentes de la compañía, que a estas alturas está estudiando qué acciones legales llevará a cabo a partir del fallo que se conoció el viernes. Fuentes consultadas de la empresa han recordado que "se ha demostrado que las justificaciones del Consell no valían como defendimos desde el primer momento", algo que "no detuvo que la institución tomara una decisión que no era ajustada a derecho ni estaba acreditada".
Desde la antigua concesionaria también ponen de manifiesto un detalle que recoge la sentencia: que no se justifica el interés general que alegó el Consell para rescindir el contrato. Un hecho que pone de manifiesto "el contrasentido" de la decisión "porque la concesionaria estaba dando cumplimiento a un contrato suscrito con la administración".
Finalmente apuntan que "Globalvía cumplía la norma y el contrato y se demuestra que las justificaciones del Consell no valían". La empresa asegura que "valoraremos la sentencia y no nos cerramos a dar una solución a este tema".
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