El Ministerio del Interior recordó ayer que la calificación de “alto riesgo o riesgo limitado” de las desapariciones de las personas, incluidas las de menores, se derogó en marzo de 2019. Después de la petición de la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, a la Secretaría de Estado de Seguridad para pedir que las fugas de menores de los centros de acogida sean consideradas de “alto riesgo y prioritarias”; el Ministerio ha respondido que desde marzo se califican según su naturaleza en “voluntarias, involuntarias o forzosas”.
En este sentido, Interior confirmó que, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, dictó el 4 de marzo de 2019 una instrucción que derogó las calificaciones en las desapariciones con el objetivo de “dar el mismo tratamiento a cada tipo de desaparición y permitir procedimientos de trabajo más homogéneos”.
“La información que recogen los agentes policiales a los denunciantes es ahora más completa”, precisaron desde el Ministerio, a la misma vez que aseguraron que esto les permite “entender mejor la situación y circunstancias que rodean la desaparición y ser, por lo tanto, más efectivos y ágiles en la resolución del caso”.
Por otra parte, La conselleria de Asuntos Sociales y Cooperación de la anterior legislatura, dirigida también por Fina Santiago, envió una carta en 2017 a la que era delegada del Gobierno en Balears, María Salom, en la que pedía contar con agentes de la Policía Nacional en Es Pinaret y Es Fusteret, dado que la seguridad privada “no cubría las necesidades reales de los centros”. Es la misma petición que ahora realiza el Fiscal de Menores. Sin embargo, la entonces delegada del Gobierno rechazó la petición del Govern argumentando falta de medios.
