La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) ha señalado el juicio contra el magistrado Miguel Florit por el llamado caso Móviles para el próximo jueves 27 de febrero. El primer día de la vista oral empezará a las nueve y media de la mañana y se prolongará los días sucesivos si fuese necesario en sesiones de mañana y tarde, según ha informado hoy el TSJB.
El Alto Tribunal deberá aclarar si Florit, ahora ya jubilado, vulneró el secreto profesional de los periodistas con sus polémicos autos. El magistrado fiscalizó las llamadas y confiscó los teléfonos móviles de dos periodistas de Diario de Mallorca y la agencia Europa Press que cubrían el caso Cursach, la supuesta trama de corrupción en torno al empresario de la noche del mismo nombre.
Florit, un año y un mes después de que estallara el caso Móviles, se enfrenta a 42 años de inhabilitación profesional. A finales de 2019 decidió jubilarse anticipadamente tras varias décadas ejerciendo como juez en Palma. El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, y la Abogacía del Estado piden la libre absolución del juez acusado. Su abogado defensor, Josep Zaforteza, también reclama la absolución.
La principal acusación contra el juez es que con sus autos vulneró el secreto profesional de los periodistas al controlar sus comunicaciones, lo que ponía en evidencia sus fuentes. El fiscal superior Barceló no ve delito en la conducta profesional de Florit. Por eso, pide que sea exonerado.
Mientras, la acusaciones particulares, en representación de Diario de Mallorca, Europa Press, Efe y la Asociación de Medios de la Información (AMI), solicitan que Florit sea inhabilitado durante 42 años, una pena que le habría impedido seguir ejerciendo como juez, por los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio, impedir el libre ejercicio del secreto profesional de los periodistas y por interceptación ilegal de comunicaciones.
El magistrado jubilado será juzgado por la sala del TSJB formada por los magistrados Antoni Terrasa, Carlos Gómez y Pedro Barceló, quienes fueron recusados en un primer momento por el fiscal jefe de Balears pero su solicitud finalmente fue desestimada. El Alto Tribunal juzgará a Florit el próximo 27 de febrero por varios autos que dictó cuando instruía el caso Cursach en una pieza separada en la que investigaba qué funcionarios públicos podían haber facilitado a la prensa información reservada o secreta de esta presunta trama de corrupción.
Así, el 11 de diciembre de 2018 estalló el caso Móviles cuando Florit ordenó en un auto a la Policía Judicial que confiscara los teléfonos y ordenadores de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, así como que registrara las redacciones de estos dos medios de comunicación. A Mestre le fue incautado su móvil y a Pou también, quien además esta última fue despojada de dos ordenadores, una memoria informática y documentación en papel. Dos inspectores de la Policía Nacional acudieron esa tarde a la sede del Diario de Mallorca, donde, sin auto judicial, pretendían registrar la redacción y llevarse el ordenador de Mestre. No se les facilitó el acceso por parte de la dirección del periódico y su frustrada irrupción provocó una oleada de indignación entre el sector periodístico, político, estamentos jurídicos y diversas entidades cívicas, que denunciaron un claro ataque al derecho a la información, en su vertiente de la preservación del secreto profesional de las fuentes.
Tres meses antes, el 13 de septiembre de 2018, Florit había dictado en esa pieza separada un primer auto en el que ordenaba la fiscalización de las llamadas de móvil de Kiko Mestre y Blanca Pou y de la agencia Europa Press.
Según Florit y la Policía Nacional, los móviles y ordenadores de los periodistas, quienes nunca tuvieron la condición de investigados, no fueron analizados, algo que no se puede demostrar pericialmente sin poner en riesgo el contenido de los terminales. Estos efectos permanecieron casi un día bajo custodia de la Policía.
Dos días después de que estallara el caso Móviles, el 13 de diciembre de 2018 los abogados Nicolás González-Cuellar y Javier Crespo, representantes de Diario de Mallorca y Europa Press, interpusieron una querella contra el juez Florit, al que que imputaron "una arbitraria conculcación del derecho al secreto profesional del periodista".
Semanas más tarde, el 4 de enero de 2019, el juzgado de instrucción 12 de Palma devolvió a los dos periodistas sus teléfonos móviles y los equipos informáticos. La querella inicial se amplió y se extendió al fiscal anticorrupción Juan Carrau
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