P Su antecesor en el cargo, Francesc Dalmau, señalaba tres grandes sectores a la hora de concentrar las reclamaciones ante Consumo: la telefonía móvil, las aerolíneas y la banca. ¿Cómo se lucha desde una administración autonómica contra estos gigantes internacionales, y más cuando algunos no aceptan el arbitraje?
R La telefonía móvil aparece como destacada en Balears, aunque en Menorca el liderazgo de las reclamaciones lo tiene el transporte aéreo. Junto a la banca, son nuestros grandes monstruos, nuestros molinos de viento, pero entre la ciudadanía, las asociaciones de consumidores y la Administración se pueden frenar. Nuestra voluntad no es cerrar nada, sino que las cosas se hagan como corresponde, se respeten los derechos de los consumidores y no se nos toree. Lo que intentamos es que nadie se vaya de rositas.
P Con una diferencia: la telefonía móvil acepta el arbitraje para no tener que pasar por los Tribunales. Las aerolíneas y la banca, no.
R Tampoco la telefonía móvil es un ejemplo. Su postura es mejor porque acepta la mediación, pero reiteradamente nos encontramos con las mismas reclamaciones por parte de la ciudadanía. Así que está muy bien esa mediación, pero mejor sería que se corrigieran los errores y no tener que llegar a ese paso. Y respecto a los otros dos sectores, hemos de tomar cartas en el asunto.
P El borrador de la nueva ley balear de consumo contempla un incremento de las multas por considerar que las actuales son insuficientes.
R Lo recoge el proyecto que tenemos sobre la mesa y que ha sido consensuado con las patronales de las islas y con las asociaciones de consumidores. De hecho está a punto, pero creo que es bueno, ya que entro como nuevo en el cargo, que le demos una vuelta más y le hagamos una última consulta a todos, grupos de parlamentarios, empresarios y consumidores, para que den su visto bueno. Este es el gran reto de esta Dirección General durante esta legislatura, tirar adelante esta ley. Pero es cierto que en muchos casos pensamos que las multas deberían de ser más elevadas. Sabemos que a una parte del empresariado eso no termina de gustarle, pero les decimos que hay tres tipos de sanciones, la leve, la grave y la muy grave, y por tanto se puede regular en relación a eso y a la reiteración. Porque el problema más grave con que nos encontramos es esa reiteración, y estará bien poner la mejilla una vez, pero no dos. Por eso la multa máxima se modifica al alza, y pasará a ser de un millón de euros. Pensemos que siempre hay primero un aviso, una amonestación. A no ser que haya mala fe y reiteración, a nadie se le ponen multas de un millón.
P ¿Cuándo podremos ver aprobadas esa nueva ley y esas multas?
R Los trámites administrativos son los que son, pero nuestra intención es que estén aprobadas a finales del próximo año. Mi vocación de consenso y de trabajar con todos los grupos políticos es precisamente para agilizar su tramitación. Es una ley muy técnica y no hay nada de ideológico en ella. Todos tenemos que ganar, porque todos somos consumidores y necesitamos que se nos proteja.
P ¿Hay más mejoras en la nueva ley además del aumento de las sanciones?
R Las leyes, habitualmente, favorecen a los más débiles, y nosotros ampliamos ese aspecto, con especiales niveles de protección a personas con enfermedades raras, con discapacidad, con enfermedades crónicas y a los colectivos en situaciones más vulnerables. Todos somos consumidores, pero los que tienen menos acceso a la información son los más perjudicados en esas situaciones.
P ¿Algún otro objetivo para esta legislatura?
R Hay cosas que tienen que ser muy claras, y no podemos sufrir situaciones que se producen actualmente, por lo que hemos de hacer que la letra pequeña sea muy grande. Tenemos muchos expedientes abiertos y muchas consultas, pero me da la sensación de que todavía no llegamos al gran público, y es necesario hacerlo con mucha pedagogía y con comunicación. Hemos de ser una máquina de ayuda, pero no podemos convertirnos en oficinas de atención al cliente de algunas empresas, y da la sensación de que podemos llegar a eso. Y hemos de potenciar a las asociaciones de consumidores. Me llama la atención que los sindicatos no tengan alguna rama en este aspecto. Cada ciudadano debe de ser una asociación de consumidores. Internet ha abierto unas puertas al consumo muy grandes, pero también ha dejado alguna fisura por la que se nos pueden colar nubes tóxicas, y para hacer frente a eso no basta que como Administración vayamos haciendo inspecciones, sino que es necesario que cada ciudadano nos ayude a detectar esos problemas, al igual que las asociaciones de consumidores.
P ¿El número de inspectores de Consumo es suficiente?
R En la vida nada es suficiente. Tenemos nueve en Mallorca, uno en Menorca y dos en Eivissa. Pueden hacer lo que pueden hacer, tienen su horario y son humanos. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros sea un inspector. En Balears hemos destruido o inmovilizado más de 80.000 productos. Son muchos. Y hemos lanzado 31 alertas por productos peligrosos a la red nacional. En las islas se está trabajando muy bien. Estamos mejor que en otras comunidades autónomas y hemos de seguir en esa línea.
P Las reclamaciones sobre las aerolíneas están en puestos de cabeza. Y Balears es especialmente vulnerable ante el transporte aéreo.
R Parece que van con piloto automático, son recurrentes. Nosotros tenemos que actuar, pero la Administración central tiene que tomar cartas en este asunto. No es posible que los problemas se repitan permanentemente. No puede ser que los malos comportamientos terminen saliendo rentables globalmente porque solo se denuncia una parte. Las reclamaciones más comunes aquí son la pérdida de enlaces por los retrasos y las suspensiones, y la pérdida o daños en las maletas.
P ¿Aprovechan el descuento de los residentes para subir precios?
R Lo que nosotros proponíamos era una tarifa plana, pero la vida no es todo o nada, y se llegó al acuerdo de subirlos al 75%, que creo que es muy positivo. Tiene sus pegas, y cuando llega el verano ese 75% no supone lo mismo que en invierno. Pero creo que podemos estar satisfechos con ese acuerdo.
P La lucha con la banca y con las condiciones de sus créditos es una constante.
R Es cierto, pero las sentencias que se están dando últimamente nos permiten felicitarnos. Gracias a la movilización ciudadana, que es fundamental, todos nos hemos puesto las pilas y los jueces tienen otro tipo de tratamiento ante estos temas. Un ejemplo fue el de las cláusulas suelo, y ahora vamos a ver qué sucede con el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), pero parece que se está avanzando. Pero lo bancos, sobre lo que algunos piensan que se les ha regalado el dinero, deben de poner de su parte, y asumir que todo no pueden ser beneficios y que también deben de ayudar a los ciudadanos.
P Las entidades financieras no se someten al arbitraje.
R Yo espero que termine haciéndolo. Estar en el arbitraje supone un plus de calidad. En el momento en el que un banco dé ese paso, detrás irán todos, porque el cliente se lo exigirá.
P ¿El comercio electrónico ofrece garantías suficientes?
R Se avanza, pero aún no es suficiente. Todavía nos encontramos con algunas estafas en la red y situaciones que a los consumidores nos ponen los pelos de punta. El consumidor debe de ser responsable, seleccionar bien las plataformas con las que opera y trabajar con las empresas que nos dan garantías.
P ¿Se puede hacer algo con el acoso constante de llamadas telefónicas para hacer ofertas comerciales?
R Se ha hecho algo, aunque insuficiente. Ya no llaman de noche ni en fines de semana, pero en cambio llaman al mediodía, y habitualmente son compañías de telefonía. Ya estamos de nuevo ante uno de nuestros molinos. Creo que se puede hacer más y voy a trabajar para que sea así, aunque solo soy el director general de Consumo de Balears y no un ministro. Pero no puede ser que sean unos pesados y muy molestos. Un aspecto que contemplamos en la nueva ley balear es que no se pueda hacer venta a domicilio sin consentimiento.
P La entrada de productos peligrosos a los estantes de los comercios es constante. ¿No se puede impedir que lleguen a las tiendas?
R No pueden llegar al último eslabón, que somos los consumidores. Deben de frenarse antes. Y en muchas ocasiones son juguetes destinados a los niños. El tráfico internacional es brutal y controlarlo todo no es fácil, pero los cortafuegos deben de estar mucho antes del consumidor. No nos corresponde a nosotros, pero si nos piden ideas estaremos encantados de darlas y de trabajar en ese tema. Porque entre los afectados hay muchos niños.
P La mayor parte de las empresas de coches de alquiler se han sumado a la campaña de calidad de Consumo. Pero no las grandes, que tienen la mayoría de la flota.
R Hay tres empresas que no se han sumado, aunque es verdad que son las que tienen la mayoría de los vehículos. Tenemos que decirle a la gente que si no quiere problemas, aquí está el certificado de calidad de las empresas que trabajan bien. Y hay tres de las que no podemos garantizar que no vayan a tener problemas con ellas.
P ¿Los baleares son de los que denuncian o de los que lo dejan pasar?
R Creo que somos de los que no denunciamos, como en España en general. Las cifras dicen que se hace uso de los servicios que tenemos en Consumo, pero yo creo que aún son escasas.
P ¿Cómo funciona la colaboración con Policías Locales y Cuerpos de Seguridad del Estado?
R Funciona bien, sobre todo en el caso de las alertas ante productos peligrosos. Aunque todas las Administraciones padecen una escasez de recursos.
P ¿Son activas las asociaciones de consumidores de las islas? Recientemente ha fallecido el presidente de La Defensa, Bernat Ferrer.
R Ojalá hubiera muchos Bernats, porque estamos faltos de ellos. Gente como él nos ayuda, y sin ellos la maquinaria no funciona. La colaboración debe darse al máximo. Vamos a ayudar en todo lo que podamos a estas asociaciones para que sean lo más activas posibles.
