Alrededor de 500 talleres mecánicos están operando ilegalmente en Balears, de los que cerca de la mitad están concentrados en Palma, según la denuncia realizada por el presidente de la Asociación Balear de Especialistas Reparadores de Automoción y Náutica (ABERAN), Julio González. Además, se critica duramente la pasividad de los Ayuntamientos de las islas ante este problema, que supone irregularidades en aspectos fiscales, laborales y medioambientales.
Julio González recuerda que en Balears hay censados en torno a 2.100 talleres legales, lo que supone que uno de cada cinco que operan en el archipiélago lo hace incumpliendo la normativa. La mayoría de ellos se encuentran situados en polígonos industriales y garajes particulares, e incluso en fincas privadas.
En el primer caso, lo que suele hacerse en estas instalaciones es introducir los vehículos en naves y bajar la barrera para que su actividad no pueda ser detectada desde el interior. En el último, al tratarse de propiedades privadas, cualquier inspección tiene el acceso vetado si no va acompañada de una orden judicial, según se señala desde la citada patronal.
La ventaja de esta forma de operar, se añade, es que en el caso de ser localizados, se busca un nuevo emplazamiento y se mantiene la actividad ilegal, al no tener que tramitar ningún tipo de permiso dado que no se busca su regularización.
Los fraudes derivados de la actividad de estos talleres piratas son numerosos. Para empezar, se recuerda que existe un fraude fiscal al no tributar por el IVA ni abonar las correspondientes tasas municipales, dado que estas instalaciones trabajan 'en negro'.
Además, se suma el daño medioambiental que supone desarrollar las reparaciones en fincas privadas sin contar con los medios para el tratamiento de los residuos que se generan, como en los cambios de aceite.
El problema se amplia por la falta de garantías para los clientes respecto a las reparaciones efectuadas. Este punto explica que el presidente de ABERAN recuerda que la Dirección General de Consumo ha sido uno de los pocos organismos públicos que ha colaborado en la lucha contra estos talleres 'piratas', dentro de su limitación de medios.
Finalmente al no pagar impuestos, el presidente de ABERAN subraya la competencia desleal que se genera, al no poder competir las empresas legales con los precios que las ilegales ofrecen, haciendo hincapié en que ese menor coste para el consumidor supone no garantizar las reparaciones efectuadas, como se ha indicado anteriormente.
Julio González destaca que la movilidad y la opacidad de esta actividad fraudulenta hace que sea muy difícil de combatir, y ello a pesar de que la asociación que preside presenta en torno a un centenar de denuncias anuales, lo que explica que se haya conseguido una cierta reducción en el peso que estos fraudes tienen en el sector.
El problema, según este representante empresarial, es que son las Administraciones locales las que tienen más posibilidades de actuar contra estas instalaciones, al depender de ellas la concesión de la licencia de apertura.
Pasividad municipal
El presidente de ABERAN lamenta especialmente que su patronal haya venido pidiendo reuniones con el anterior alcalde de Palma, Antoni Noguera, y con los responsables de la Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB), para abordar esta cuestión, sin que nadie haya aceptado recibirles.
En el caso concreto de Palma, sin embargo, valora que con la llegada de José Hila a la alcaldía ahora esté concertado un encuentro para el próximo mes de septiembre con los responsables del área de Movilidad, con los que también se quiere plantear el problema que los talleres legales existentes en las zonas de la ORA tienen con el estacionamiento de los coches de los clientes, cuando éstos deben situarse en la vía pública. "Ya tuve un primer encuentro con Hila y nos aseguró que iba a adoptar medidas", afirma Julio González.
