27 de junio de 2019
27.06.2019
Tribunales

El juez abre juicio contra la excúpula de Sa Nostra

Dols, Batle y Oliver tendrán que explicar ante la Audiencia Nacional por qué avalaron la ruinosa operación inmobiliaria de Son Bordoy

27.06.2019 | 00:59
Pau Dols y Pere Batle, en una foto de hace años, cuando dirigían Sa Nostra.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó hace unos días auto de apertura de juicio oral contra la excúpula de la desaparecida Sa Nostra y dos empresarios, que serán juzgados por un presunto descuadre de 65 millones de euros cometido, entre 2005 y 2011, en el seno de dicha caja de ahorros.

El juez Santiago Pedraz ha llevado a juicio oral a Pau Dols, Pere Batle, Rafael Oliver, exejecutivos de Sa Nostra, y a los empresarios Martín Gual y Javier Collado por un supuesto descuadre de entre 48 y 65 millones en Sa Nostra, dinero que tenía que haberse destinado para las urbanizaciones de Son Bordoy, Son Morlà y Son Morlanet.

Los encausados fueron procesados por los supuestos delitos de apropiación indebida y societario, de los que el instructor ve ahora indicios para que sean juzgados.

Con anterioridad, la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional rechazó los recursos de apelación de Gual y Collado contra su auto de procesamiento y sostuvo que Pedraz sí razonó adecuadamente el encausamiento de la cúpula de Sa Nostra y de los dos empresarios.

Por otro lado, existen en la causa, según destacó el tribunal, abundantes datos que refuerzan las sospechas sobre los acusados. Entre estos indicios, que deberán ser analizados por el tribunal juzgador, destacan los informes del Banco de España, la Agencia Tributaria y la UCO de la Guardia Civil sobre las operaciones de préstamos de Sa Nostra al Grupo Martín Gual y el desvío de ese dinero a fines distintos a la urbanización de Son Bordoy y las otras dos fincas.

Fianza de 64 millones


"En el informe de la UCO de 16-02-2018 se indicó la existencia de una comunicación constante entre Martín Gual y los directivos de la caja también acusados, teniendo conversaciones sobre esas operaciones antes de que se adoptaran diversas decisiones relevantes por los órganos competentes de la caja, lo que pondría de manifiesto un concierto de voluntades entre ambos", explicaron los magistrados. Los informes obrantes en el sumario también "concluyen que el dinero destinado para el desarrollo urbanístico de los terrenos no ha sido utilizado para ese fin, dado que los terrenos no se desarrollaron urbanísticamente como se había acordado", añadieron los jueces. La fiscalía reclama penas de 4 años para los principales acusados, que deberán depositar una fianza de 64 millones.

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