La fuerte caída de la inversión en construcción que se está dando durante los cuatro primeros meses de este año, de un 25% en Mallorca, se está viendo acompañada de un crecimiento del empleo en este sector de alrededor de un 5,5% en el conjunto del archipiélago, según señala la gerente de la asociación de constructores de Balears, Sandra Verger. En concreto, la media de trabajadores dedicados a esta actividad durante este cuatrimestre en las islas se cifra en algo más de 57.000, cuando un año atrás era de unos 54.000.
La explicación de esta evolución desacompasada radica en que en estos momentos se están ejecutando proyectos e inversiones aprobadas en ejercicios anteriores, cuando la evolución era alcista. De esta forma, desde la patronal de los constructores se lamenta que previsiblemente durante el próximo año, cuando se inicien las obras que ahora se aprueban, se vaya a detectar una pérdida de empleos vinculados a esta actividad.
El problema tiene un alcance especial debido a que ninguna de las ramas constructoras da señales de reactivación. La que más crece es la obra pública, pero desde esta organización empresarial se recuerda que este dato corresponde a un periodo electoral, al que tradicionalmente le sigue otro de paralización de nuevos proyectos. Por contra, las reformas hoteleras muestran un descenso vertiginoso y caen también de forma acentuada los proyectos vinculados a otras actividades empresariales, como comercio e industria.
Solo la edificación de vivienda se mantiene estable, pero sin aumentos significativos que compensen las reducciones antes señaladas.
Tejido empresarial
También el tejido empresarial del sector muestra una evolución al alza durante los primeros meses de este año. Según los datos de la Seguridad Social, en mayo había dadas de alta en Balears un total de 6.476 empresas relacionadas con esta actividad, por encima de las 6.266 contabilizadas en el mismo mes de 2018.
En cualquier caso, estas cifras quedan notablemente por debajo de las que se registraban antes de la crisis y de que estallara la burbuja inmobiliaria, porque en mayo de 2007 la cifra de altas en la Seguridad Social ascendía a 7.980.
Este último factor es el que lleva a la patronal del sector a reclamar a la clase política que se adopten las medidas necesarias para evitar un nuevo frenazo en la actividad constructora, alegando que los niveles alcanzados en 2018 eran los óptimos y los que se deberían de intentar mantener a partir de ahora.
