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Comercio

Las grandes superficies llevan el plan de comercio mallorquín a los tribunales

La patronal Anged anuncia un recurso ante el Tribunal Superior balear por considerar que se "atenta gravemente contra la libertad comercial"

El plan director de equipamientos comerciales fija duras restricciones a la apertura de nuevas grandes superficies. M. Mielniezuk

La patronal estatal de grandes empresas de distribución (Anged) ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el plan director de equipamientos comerciales aprobado el pasado mes de abril por el Consell de Mallorca, en el que se fijan fuertes limitaciones en el tamaño de los futuros establecimientos para evitar la entrada de nuevos centros comerciales. En opinión de esta organización nacional, esta normativa es "restrictiva y atenta contra los principios fundamentales de libertad de establecimiento y de la competencia".

Desde Anged se critica que con el citado plan se esté vetando un modelo comercial que en su opinión tiene a los consumidores como principales beneficiarios, alegando que esa competencia supone fijar precios más bajos. En concreto, esgrime que las medidas aprobadas por el Consell "prolongan en el tiempo una política comercial anacrónica y proteccionista, más propia de los años 80, y totalmente contraria al proceso de transformación digital que vive hoy el consumo".

Se añade que el plan director "no favorece la modernización de los pequeños comercios, ni tampoco aporta beneficios a los consumidores, que en los últimos 20 años de restricciones comerciales en Mallorca han sufrido una pérdida del bienestar de 23,8 millones de euros anuales, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".

Además, se pone de relieve que las restricciones al comercio físico, sobre el que se recuerda su capacidad para generar empleo en Mallorca, solo benefician al comercio por internet, que "no crea empleo, ni inversión ni actividad en la isla".

Una batalla legal anunciada

La decisión de las grandes empresas comerciales no resulta una sorpresa y formaba parte del guion, ya que había sido vaticinada incluso por la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, y por los representantes de las patronales del comercio tradicional de la isla, dado que Anged ha presentado sistemáticamente esos recursos contra todas aquellas medidas que han buscado evitar la apertura de nuevas grandes instalaciones, como fue el caso de la moratoria fijada previamente mientras se elaboraba el plan director por parte del Consell.

Desde la institución insular incluso se considera probable que Anged solicite una suspensión cautelar del citado plan director, aunque esta patronal no se ha pronunciado al respecto por el momento.

Hay que recordar que esta normativa supone en la práctica el veto a la apertura de nuevas grandes superficies, al consentir instalaciones de un máximo de 40.000 metros cuadrados y solo en Palma y en la zona de Marratxí donde ya hay otras abiertas. Como referencia, basta recordar que Fan Mallorca ocupa unos 170.000 metros cuadrados y el proyecto de Ses Fontanelles alcanzaba los 72.000.

Además, para abrir un nuevo establecimiento en Palma se fijan límites adicionales, como la posibilidad de bloquearlo si pretende instalarse junto a vías de gran afluencia de tráfico, como puede ser la Vía de Cintura o las autopistas del aeropuerto o la de Inca, o exigirle que financie las reformas viarias que fueran necesarias para evitar que el aumento en el tráfico de vehículos pueda colapsarlas, además de establecer un volumen alto de plazas de estacionamiento y exigir que una parte del suministro energético se cubra con placas solares.

En el resto de la isla, los límites son mucho más estrictos. Así, en Inca y Manacor la superficie máxima permitida se fija en 13.000 metros cuadrados, y ésta desciende hasta los 4.000 en los principales núcleos turísticos, como el Port d'Alcúdia, Palmanova y Santa Ponça.

En los municipios de tamaño medio, como Felanitx, Campos, Sóller o Andratx, los nuevos comercios no podrán superar los 1.500 metros cuadrados, y en el resto de la isla ese límite se fija en los 700 metros.

En definitiva, esas condiciones suponen la imposibilidad de abrir un nuevo centro comercial en Mallorca, o hacen que sus costes sean tan altos que desincentivan la inversión.

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