Inspección de Trabajo sancionó al presidente de Pimem, Jordi Mora, por firmar contratos en fraude de ley. Inspección concluyó que se había empleado a una decena de jóvenes usando la modalidad de contratos de formación (con las ventajas que eso supone para el empresario) sin ofrecerles formación práctica real.
El cuerpo inspector señaló, según un informe cerrado el pasado verano, que la Fundació per a la Formació i la Recerca, presidida por Mora, estaba haciendo contratataciones de aprendizaje para sustituir a trabajadores ordinarios, ya que los jóvenes se dedicaban de lunes a jueves a realizar tareas varias (hacer fotocopias, actualizar bases de datos...) y que el viernes recibían formación, solo teórica, sobre 'confección y publicación de páginas web', que era el certificado de profesionalidad que en teoría iban a lograr los contratados tras pasar por la fundación. Esta formación dual estaba subvencionado por el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) con 196.649 euros.
Este servicio realizó un primer informe en 2017 en el que avisaba: "En la fase de selección de candidatos ya había indicios de que las contrataciones no se ajustaban al objeto del proyecto". El SOIB se personó in situ y ya advirtió que se seleccionaban jóvenes "muy preparados" y que uno de ellos indicó que en la entrevista le habían dicho que "de lunes a jueves haría nóminas y los viernes diseño web".
Por eso, el Servei d'Ocupació ya alertó de que la entidad pudiera estar cometiendo fraude al contratar a "gente muy cualificada pero de forma barata para cubrir el área de informática/diseño de la empresa". El informe concluía: "Se está incumpliendo el objetivo de la subvención ya que los alumnos trabajadores no están desarrollando el trabajo por el cual han sido contratados (diseñador de páginas web)".
El SOIB realizó esa visita de control después de que la entidad solicitara un anticipo del 35% de la subvención, que finalmente no le fue abonado. Por eso, la fundación no finalizó el programa y despidió a los jóvenes tres meses después de su llegada.
Así figura en el informe cerrado un año después, en 2018, por Inspección de Trabajo, que recuerda en su introducción que los contratos de formación "presentan numerosas ventajas económicas para el empresario", como reducciones en las cuotas de la Seguridad Social y bonificaciones, y que por eso "están sometidos a un riguroso control".
Y en este caso, tras analizar la documentación existente, entrevistar a los afectados y a representantes de la empresa, Inspección concluyó que "ninguno de los alumnos-trabajadores ha efectuado trabajo alguno durante sus jornada laboral susceptible del aprendizaje práctico que implica la certificación objeto del contrato de formación".
Preguntado por este diario, Jordi Mora explicó ayer que "no comparten" el contenido del informe y que sí cumplían y ofrecían la formación, pero que "acataron" el informe y desistieron de presentar recurso porque "no valía la pena". Tras el informe, aseguró, la fundación tuvo que abonar las cotizaciones completas (como trabajadores ordinarios y no en formación) por los meses que estuvieron en la empresa, pero no hubo más sanciones. "No hay más", zanjó.
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