Durante el pasado mes de febrero había en Balears 27.348 parados registrados en las oficinas del servicio balear de empleo (SOIB) que no cobraban ningún tipo de prestación. Esta cifra se puede reducir cerca de un 10% a lo largo de este año gracias al decreto ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno central, que reduce desde los 55 a los 52 años la edad mínima para poder recibir la ayuda de 430 euros mensuales que se destina a aquellas personas que agotan su derecho a cobrar del desempleo, una decisión que ha sido aplaudida por los sindicatos del archipiélago y que venía siendo reclamada desde hace años por el Govern de Francina Armengol.
Los datos facilitados por el propio SOIB apuntan a que en febrero se contabilizaron 1.982 desempleados en las islas que no estaban recibiendo ninguna ayuda y que tenían una edad comprendida entre los 52 y los 55 años, pero sin haber alcanzado esta última para poder acceder a esos 430 euros mensuales. Además, durante este ejercicio más personas en esta situación van a ir cumpliendo esa edad mínima, lo que supone que a lo largo de 2019 se estima que 2.654 desocupados van a poder acceder a esta prestación.
Desde la conselleria de Trabajo se apunta que no necesariamente todos estos desocupados van a poder recibir la citada cantidad económica, dado que se exigen algunas condiciones, pero éstas se han suavizado, lo que hace prever que la mayoría se van a ver beneficiados por los cambios aprobados el pasado viernes.
La secretaria de Acción Sindical de UGT-Balears, Ana Landero, y la responsable de Empleo de CC OO en las islas, Yolanda Calvo, coinciden en que la medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene un valor especial debido a que supone permitir el acceso a una ayuda económica de subsistencia a personas que se encuentran ya en unas edades en las que la reincorporación laboral se vuelve muy difícil, lo que las convierte en especialmente vulnerables.
Pero además de valorar la recuperación de la edad mínima de 52 años, que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy elevó hasta los 55 años, se aplaude que se hayan suprimido algunos de los cambios que se aplicaron en 2012. Y uno de ellos es que a las personas que cobran esta ayuda ya no se las va a obligar a jubilarse en cuanto cumplan los requisitos mínimos para ello, lo que les generaba una reducción en su pensión, sino que ahora podrán recibir estos 430 euros al mes hasta cumplir los 67 años.
El conseller Iago Negueruela también se felicita por este cambio, y recuerda que desde el primer momento en que accedió al cargo, hace cuatro años, ha estado reclamando a Madrid que se corrigieran las reformas aplicadas por el PP para volver a situar esa edad mínima en los 52 años.
Negueruela destaca igualmente que se hayan aprobado las bonificaciones para la contratación de fijos discontinuos durante los meses de febrero, marzo y noviembre.
Menos contentos están los sindicatos con el decreto ley aprobado también el pasado viernes por el que se fija la obligatoriedad de las empresas de llevar un control de las horas trabajadas por cada empleado, porque aunque consideran que se trata de una medida necesaria para frenar el fraude que se estaba dando en el exceso de horas extras sin declarar, se opina que es insuficiente debido a que, entre otros aspectos, se deja en manos de los empresarios el sistema para realizar dicho control.
Sin embargo, el conseller Negueruela recuerda la falta de mayorías necesarias en el Parlamento español para que el actual Gobierno pueda llevar a cabo reformas más amplias.
Control de jornada con un impacto especial en Balears
El control obligatorio de jornada aprobado por la vía del real decreto va a tener un impacto especialmente intenso en las islas, según se pone de relieve desde UGT y CC OO, alegando que durante la temporada turística el volumen de horas extras que se realiza en negro, y en ocasiones sin cobrar, es especialmente alto en sectores como el hotelero, la restauración o el ocio nocturno.
En este sentido, desde estas organizaciones se recuerda además que en el plan de Inspección de Trabajo para 2019, Ministerio y Conselleria incluyó controles específicos para vigilar los excesos de jornada, al considerar que esta práctica se ha convertido en uno de los fraudes más habituales en materia laboral y sobre los que se hacía más necesario actuar.
