La Ley Balear de Cambio Climático no deja de ser una utopía, aunque su génesis sea fruto de un más que loable cambio del sistema energético actual, basado en combustibles fósiles, hacia un modelo de energías renovables.
Somos un pequeño archipiélago que aspira a ser verde, pero, como bien recuerda el ministro de Fomento, no tiene competencias en puertos y aeropuertos estatales.
Podemos predicar que los barcos naveguen con energías renovables o gas natural, pero no podemos obligarlos a hacerlo. Tampoco podemos tocar una varita mágica y que los miles de aviones que surcan nuestros cielos se muevan con algo distinto al petróleo.
El deseo es que las decenas de miles de coches de alquiler que saturan nuestras carreteras en verano sean eléctricos. La realidad es que no sabemos si se puede forzar a las poderosas multinacionales del rent car o a las pequeñas empresas del sector a adoptar ese cambio de flota a unos pocos años vista.
Tampoco estamos seguros de que el próximo Govern que salga de las urnas de mayo vaya a apoyar esta transición energética tan brusca. La Ley Balear del Cambio Climático puede quedar así, como tantos proyectos, en papel mojado. Teóricamente entre el frágil Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern del Pacte no debería haber problemas para pulir la Ley del Cambio Climático, pero por encima de afinidades políticas está la dura realidad de penuria insular en energías renovables. Somos las islas del sol, pero esa fuente de energía ilimitada solo se usa como reclamo para captar turistas a los que también les gusten las playas.
Por otro lado, los coches eléctricos cuestan una pasta y no hay una infraestructura para recargarlos de forma barata, rápida y segura.
