El bolsillo establece la medida, la actividad y la capacidad de reacción. Introducirse en él es la solución -de momento eficaz pero aún simbólica- que ha hallado el Consell para reconducir un tanto la anarquía del urbanismo ilegal en suelo rústico. La cesión de competencias por parte de 31 municipios ha ayudado a desbloquear el abuso del desenfreno, pero aún faltan medios y tiempo, mucho tiempo. Eso, en el supuesto de que la voluntad política de hacer prevalecer la legalidad perdure.
Es un éxito que el 90% de los infractores decidan derribar la parte o el total de su construcción fuera de ordenación cuando ven aproximarse las orejas crecientes del lobo de la multa. Sin embargo, este porcentaje se relativiza al ser contrastado con la cantidad total de obra ilegal de la que emana, los expedientes pendientes de iniciar y las órdenes de demolición por ejecutar. Son las mismas circunstancias que convierten en imperceptible, a efecto visual, el avance logrado con las multas coercitivas. Al paisaje le falta mucho para poder quedar aliviado con claros efectos paliativos.
Ha podido más el afán de ocio y residencia rural sin condiciones ni atenuantes y el atractivo del alquiler turístico, que el respeto a la legalidad por parte de la ciudadanía y la voluntad de las instituciones por hacerla cumplir. Es posible que la nueva actitud del Consell cambie la tendencia pero, visto lo acumulado, será solo una reducción de velocidad de la ilegalidad incrustada.
