Las asociaciones de constructores y promotores de Baleares ponen "en duda la constitucionalidad de la Ley balear de Vivienda" y advierten de la inseguridad jurídica que genera, según se pone de relieve en el editorial de la revista Nivell que la primera de estas patronales edita. El punto más criticado es que el Govern pretenda obligar a los grandes tenedores de inmuebles residenciales a cederlos si permanecen desocupados durante dos años.
En el citado editorial, los constructores lamentan que a la escasez de suelo existente en las zonas de las islas con mayor demanda se une "la ausencia de una política de vivienda en positivo" al tiempo que "prevalecen los aspectos coercitivos", como el antes señalado previsto en la citada ley balear.
Según el sector, "la obligación de las Administraciones es promover vivienda pública, no arrebatársela a sus legítimos propietarios". Se añade que esta "política errática en ningún caso está favoreciendo el descenso del precio de la vivienda ni el acceso a una residencia a las familias de clase media, que son las grandes olvidadas por parte de las instituciones".
En este aspecto, se subraya que comprar una vivienda en Baleares es casi un 50% más caro que en la península y que la tendencia es que los precios en el archipiélago van a seguir creciendo a un ritmo que duplica el del resto del país.
En esta misma revista se ha incluido un informe sobre la escasez de pisos a precios razonables que existe en las islas y los perjuicios que ello supone para las clases medias y medias-bajas.
