El PP podrá ejercer la acusación en la causa por los contratos a Jaume Garau

El Partido Popular podrá ejercer la acusación popular en la investigación judicial sobre las supuestas irregularidades cometidas en la contratación de las empresas de Jaume Garau, estratega electoral de Més, en contra del criterio del juez de instrucción, que se mostró en contra de la personación de los populares.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha rectificado al juez y acepta el recurso planteado por el PP, a través del abogado Fernando Alberich, al que se sumó la fiscalía, pero al que se opusieron varios de los políticos investigados, entre ellos la exconsellera Ruth Mateu y el exdirector general, Pere Muñoz. Ambos altos cargos de Més, que tuvieron que dimitir de sus puestos públicos como consecuencia de su imputación en esta investigación penal, sostenían que el PP solo perseguía intereses políticos con esta personación y que podría desarrollar un fraudulento uso de su intervención en este proceso.

Para oponerse a la personación del PP el juez Morell alegó que el partido no había explicado las razones por las que tenía interés en intervenir en este proceso y le instó a presentar una querella. A pesar de que el abogado del PP presentó dicha querella, añadiendo algunas contrataciones más de Jaume Garau que no habían sido incluidas en la denuncia de la fiscalía, el juez volvió a denegar la personación.

La Audiencia recuerda que la personación en un proceso es un derecho que se recoge en la Constitución. Sobre la posibilidad de que este posicionamiento en la causa sea utilizado por el PP para fines políticos, el tribunal recuerda que "en nuestro derecho la buena fe se presume". Y sobre las acusaciones que señaló Pere Muñoz sobre los fines de la personación del partido político, el auto incide que es una cuestión sobe la que no puede pronunciarse el tribunal.

Cabe recordar que el PP añadió otros contratos que la administración concedió a Jaume Garau, que fue el jefe de campaña de Mes en las últimas elecciones autonómicas. Uno de estos contratos lo firmó el Ayuntamiento, por orden del alcalde Antoni Noguera.