Las decisiones que durante los últimos meses está tomando el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) coinciden con lo afirmado por el propio Parlament balear hace más de dos años, y en ambos casos la conselleria de Hacienda ha optado por hacer caso omiso
El 5 de abril de 2016 el Parlament aprobó instar al Govern a modificar el sistema que empleaba para calcular el valor real de los inmuebles y determinar la correspondiente carga fiscal.
La proposición de Més argumentaba que aunque la fórmula empleada no fuera ilegal, sí estaba dando pie a situaciones injustas, debido a que en muchos municipios el Catastro contemplaba valoraciones desproporcionadas, lo que suponía para muchos contribuyentes el tener que pagar de más en impuestos como el de transmisiones patrimoniales o el de sucesiones.
Lo llamativo es que esta proposición fue aprobada con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, incluido el PSOE de Francina Armengol. Pero no se ha hecho nada. El argumento esgrimido desde la Agencia Tributaria balear (ATIB) hace algunas semanas para justificar esta desobediencia es que otras fórmulas empleadas en diferentes comunidades autónomas han resultado mucho más conflictivas que la fijada en el archipiélago.
Pero eso explica que el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Xavier Pericay, criticara precisamente a la conselleria de Catalina Cladera por este tema, y recordara que el portavoz socialista, Andreu Alcover, justificó dos años atrás el cambio en el sistema de cálculo del valor de los inmuebles por dar pie a "importes irreales".
La consellera admitió que en el Catastro aparecen valores que no son reales, pero subrayó que cambiarlos depende del Estado.
