Cuestiones teórico prácticas por la aplicación del compliance en las personas jurídicas de los abogados. Con este título el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro Servet, ofreció ayer una interesante conferencia en el Colegio de Abogados de Balears, que versó en la necesidad de que las empresas cuenten con programas de prevención de delitos. El juez recordó que en el año 2010 el Código Penal aplicó una modificación, por la que en los delitos económicos establece la responsabilidad tanto del empresario como de la empresa. Por ello, las empresas han empezado a aplicar unos programas específicos, dirigidos por abogados, con los que se pretende establecer que estos negocios cumplen estrictamente con la ley. Ante una condena por estafa o por cualquier delito económico, si el juez comprueba que la empresa dispone de uno de estos programas de autoprotección, pero sobre todo si lo está aplicando, se absuelve tanto a la empresa como al empresario de cualquier responsabilidad penal.
El juez detalló que estos programas están encaminados tanto a detectar daños a terceros, como a localizar irregularidades contra la propia empresa cometidas por sus mismos empleados. “Hay que convencer a los empresarios que estos programas no representan un gasto, sino una inversión. Si una empresa es condenada por un delito económico el daño, sobre todo en cuanto a imagen, es mucho mayor que lo representa el coste de este servicio de prevención”, señaló el magistrado. “El empresario debe acostumbrarse a asumir que esta inversión no representa un gasto, sino un beneficio”, añadió.
Pólizas de seguros
Según Vicente Magro, todo sistema de autoprotección debe ir siempre acompañado de una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil de la empresa que puede verse implicada en un delito económico. “Hay muchas compañías de seguros que exigen un plan de compliance a las empresas para aprobar una póliza”, señaló. Por ello, el magistrado aseguró que si las empresas aplican correctamente estos métodos de protección se producirá una revitalización de la economía, se generará más trabajo, se firmarán más pólizas de seguros y, sobre todo, se disminuirá el factor de riesgo de estas empresas. Por ello, el juez del Supremo calcula que en un periodo de unos cinco años los delitos económicos que se cometen en las empresas “se rebajarán en un 80%”. Explicó ante los asistentes que ya hay muchos despachos de abogados que se han especializado en esta materia de asesoramiento para prevenir el delito y que estos programas no solo están pensados en las grandes empresas, sino también en los pequeños negocios. “Una empresa que tenga más de diez empleados tiene que aplicar estos sistemas de autoprotección”.
Explicó también en su conferencia que el Supremo ya ha dictado varias sentencias relacionadas con los programas de compliance.
