Traer una mercancía a Mallorca en barco desde la península cuesta cuatro veces más que hacerlo en una distancia similar por una carretera española, según se desprende del estudio elaborado por tres profesores de la Universitat balear y presentado hoy por la patronal del transporte de las islas. Entre las recomendaciones de los autores para hacer frente a este problema hay una que llama especialmente la atención: aumentar la vigilancia por parte de las Administraciones sobre las dos navieras que operan en el archipiélago, como son Baleària y Trasmediterránea.

Este informe ha sido presentado por dos de sus autores, Eduard Alonso-Paulí y Pau Balart (también ha participado en su elaboración Abel Lucena), acompañados por el gerente de la Federación Empresarial Balear de Transportes, Salvador Servera, y por el presidente de la asociación de transporte de mercancías, Ezequiel Horrach.

La principal conclusión es que si se analiza lo que cuesta llevar una mercancía en barco desde Barcelona a Palma, y se estima cuánto se pagaría por ese mismo servicio si existiera una carretera entre esos puntos, el resultado es que el primer desembolso es un 370% superior al segundo, con el correspondiente impacto que ello tiene sobre el bolsillo de empresas y consumidores isleños.

Para empezar, el profesor Alonso-Paulí ha recordado que los puertos actúan como un monopolio público, generando unos costes que son especialmente apreciables en materia de tasas y estiba.

Pero el aspecto sobre el que ha hecho hincapié es en que en las islas solo operan dos navieras: Baleària y Trasmediterránea, lo que supone un riesgo de que la competecia entre ellas se vea limitada.

Para empezar, el estudio desvela que existe un cierto reparto del mercado entre ellas, con un mayor peso en el transporte de productos perecederos por parte de Baleària, y de maquinaria, vehículos y cueros en el caso de Trasmediterránea.

Además, a los profesores de la UIB les llama la atención el que no haya entrado alguna otra naviera para competir en las rutas más rentables (como pueden ser las que enlazan el puerto de Palma con la península), lo que en su opinión puede ser un indicio de que las dos compañías ya implantadas están presionando a sus clientes para que no operen con ninguna otra, lo que implica la posibilidad de que se estén dando "comportamientos de expulsión".

En este aspecto se subraya que durante los meses punta del verano y en Semana Santa, por citar dos ejemplos, la capacidad de estas navieras no es suficiente para trasladar toda la mercancía, lo que supone esperas y un aumento de costes para los transportistas.

A ello suman la falta de transparencia existente en materia de precios, al considerar que estas dos empresas los negocian dependiendo del volumen de mercancía transportada, con aplicación de descuentos que dependen del peso de cada cliente.

Eso explica que una de las recomendaciones de los autores del informe es que se extreme la vigilancia sobre esas dos navieras, al tiempo que se recuerda que ambas ya han sido sancionadas por el Tribunal de la Competencia.

Para reducir el citado sobrecoste derivado de la insularidad en el transporte de mercancías, se aconseja también una mayor liberalización de los servicios de estiba, la creación de una central de compra entre pequeñas empresas para aumentar el volumen del material transportado a la hora de negociar precios, y la puesta en marcha de un centro integral de transporte donde puedan estacionar los camiones. En este sentido, se recuerda que durante el pasado año se transportaron al puerto de Palma 7,4 millones de toneladas, para lo que se utilizaron 400.000 camiones.

Desde la patronal balear se reclaman también la inclusión del transporte de mercancías en el futuro Régimen Especial de Balears (REB), con iniciativas como un amento de las subvenciones al transporte marítimo, o el garantizar que el precio del carburante no supere en Balears el de la media estatal, cuando en estos momentos es el más caro del país.

En este aspecto, Horrach recordó que las subvenciones que se conceden en Canarias alcanzan los 53 millones de euros anuales mientras que en Balears solo alcanzan los dos millones.