Los inspectores del Grupo de Asuntos Internos de la Policía, que se hicieron cargo de la investigación, pidieron autorización al juez para colocar un dispositivo de seguimiento en el vehículo del excomisario Cerdà. Se trata de un aparato electrónico que, además de señalar la posición del vehículo, también graba las conversaciones que mantienen las personas que viajan en este coche. El fiscal apoyó la propuesta de los investigaciones y dicho dispositivo fue colocado en el vehículo del que fue durante años el máximo responsable de las unidades de la Policía Judicial de Palma.

Otra de las líneas que se estaban investigando es si el excomisario Cerdà habría realizado una visita a La Guapi en la cárcel. En los registros oficiales del centro penitenciario no figuraba la presencia del policía. Sin embargo, en muchos ocasiones los agentes utilizan otros métodos de entrada en la cárcel para entrevistarse con determinados presos. Estas visitas son controladas por una empresa de seguridad.

Al mismo tiempo, el juez Juan Manuel Sobrino también ordenó realizar una investigación patrimonial de los dos mandos de la Policía sobre los que se centraban estas graves sospechas de corrupción. Además de los dos funcionarios policiales, también se incluyó en esta investigación a sus familiares más directos, es decir, esposas e hijos. En el sumario aparecen informes económicos que señalan que no se han apreciado indicios de incrementos patrimoniales no justificados en los dos mandos policiales.