El juez Miguel Florit ha requerido a la Agencia Tributaria de Balears que rastree la contabilidad de las diferentes empresas que engloban el Grupo Cursach, para determinar la cifra del delito fiscal que ha denunciado la Policía. El magistrado ha ordenado que se abra una nueva pieza únicamente para investigar si es cierto, como señalan los investigadores, que la empresa del ocio ha escondido al fisco dos tercios de los ingresos que obtuvo en los diferentes locales que controla. El Grupo de Blanqueo de la Policía, en un informe entregado hace algunas semanas al juzgado, denunció un fraude fiscal superior a los 51 millones de euros, si bien los investigadores apuntaban a que la cantidad incluso podría ser mayor. Esta nueva investigación ordenada por el juez se realizará bajo secreto de sumario.
Hacienda, hasta la fecha, había mantenido una posición bastante pasiva con respecto a la investigación del caso Cursach. A la vez que se detuvo al empresario, hace casi un año y medio, la Policía remitió a la delegación tributaria toda la documentación intervenida en las diferentes empresas relacionadas con este grupo. Las cajas de documentos han permanecido cerradas más de un año, posiblemente porque tampoco existía una directriz muy clara sobre lo que había que hacer con estos documentos intervenidos.
La situación ahora es distinta. El Grupo de Blanqueo ha dedicado varios meses a analizar la documentación intervenida y la ha cotejado con otras fuentes de pruebas, como han sido informes externos e ingresos bancarios . La investigación policial se centró en las cuentas de las discotecas Paradise, Megapark, Megarena, Tito's, BCM, Riu Palace y el restaurante Asadito. Son empresas vinculadas al grupo sobre el que recaen todas las sospechas.
Pero además de analizar las cuentas internas, para comprobar si los ingresos reales coincidían con los que después se declaraban de forma ilegal, la Policía solicitó un informe de la empresa de seguridad que se encarga de recoger el dinero en metálico que generan todos estos negocios. De hecho, la mayor parte de los ingresos que tienen estos locales es en metálico, dado que los pagos con tarjeta son una parte mínima de la recaudación. Esta empresa tenía la obligación de anotar las cantidades exactas de dinero que recogía cada día en los distintos locales que habían contratado estos servicios de seguridad. Y estos han sido los datos que se han comparado después con las declaraciones oficiales de ingresos que se han realizado ante Hacienda. Así, los investigadores han detectado grandes diferencias entre lo que se recogía en metálico de los negocios y lo que después se declaraba como ingresos reales. Según los investigadores, la empresa únicamente declaraba un 35 por ciento de la recaudación y, por tanto, escondía a Hacienda el resto del dinero que generaban sus negocios. La Policía mantiene que con este dinero opaco se pagaba en metálico una parte importante del sueldo que recibían los empleados y ejecutivos, además de abonar también las facturas de algunos proveedores.
Sin embargo, la Policía ya advertía que la cifra de 51 millones podría aumentarse, dado que no se había podido analizar los ingresos obtenidos a través de otros sistemas de pago, como por ejemplo los electrónicos.
Sin detenidos
La Policía responsabilizaba de este oscuro método de contabilidad no únicamente al dueño de la empresa, Bartolomé Cursach, sino también a 17 de sus directivos. Son trabajadores que ejercen distintos grados de responsabilidad dentro de la empresa, pero que la Policía cree que han colaborado en el manejo de las cifras de dinero negro que se ha señalado en el informe que se entregó al juez. Se da la circunstancia que alguno de estos directivos, que precisamente fueron los más activos en las redes sociales en la campaña para denunciar las irregularidades en la instrucción del caso Cursach, han sido recientemente despedidos de la empresa.
Los investigadores pidieron autorización para proceder a la detención de estos 18 investigados. Sin embargo, esta petición ha sido rechazada por el juez. El magistrado ordena a la Policía que tome declaración a cada uno de estos empleados, pero entiende que no es necesario su detención. Ello no impedirá que estos trabajadores de Cursach tengan que declarar como investigados ante la Policía, para después hacerlo cuando sean llamados por el juzgado.
Además de un presunto fraude tributario, la Policía también denunciaba el impago de 14.7 millones por no abonar las cuotas de la Seguridad Social. Los investigadores han constatado que muchos de los empleados que trabajaban en los locales de ocio de Cursach lo hacían sin un contrato laboral.
