El Grupo de Blanqueo de la Policía teme que el empresario Bartolomé Cursach dispone de un topo en la delegación de Hacienda de Balears que le habría avisado cuando estaba prevista una inspección en alguno de sus negocios.
Los investigadores únicamente conocen el nombre de pila de este funcionario, desconocen su apellido y el cargo que ocupa. Sin embargo, están siguiendo varias pistas para intentar esclarecer su identidad y, sobre todo, qué tipo de relación mantiene con el grupo empresarial que está siendo investigado por graves delitos.
Esta sospecha policial, reflejada en el último informe presentado en el juzgado de instrucción número 12 de Palma, se basa en conversaciones telefónicas que fueron intervenidas hace casi dos años.
Los que hablaban eran los ejecutivos del grupo Cursach, Bartolomé Sbert y Miguel Pérez Marsá, éste último director financiero de las empresas. Sbert se interesó a través de su compañero por unas inspecciones que estaba realizando la Agencia Tributaria en las principales discotecas de Eivissa.
Pérez Marsá le contestó: "Mi amigo no me ha dicho nada". Y añadió: "Los inspectores siguen trabajando como si no hubiera pasado nada".
Además, el director financiero le anunció a Sbert que la semana siguiente tenía previsto compartir una comida con su fuente. El director ejecutivo le contestó: "Atentos y en estado de alerta, como siempre".
La Policía tiene muy claro que Cursach tenía pleno conocimiento del contacto especial que tenía su director financiero en Hacienda, pues mencionó a esta persona, sin citar su nombre, en una conversación telefónica que mantuvo el día 25 de mayo de 2016. El empresario le indicó a su ejecutivo: "A ver si Miguel (Pérez Marsá) consigue que el amigo suyo de Hacienda haga lo que tenga que hacer".
Otro dato que afianza las sospechas policiales es otra conversación intervenida que mantuvieron los dos ejecutivos de la empresa. Una llamada telefónica que se produce poco antes de las seis de la mañana, en la que Pérez Marsá le informa a Sbert de que su contacto en Hacienda le había llamado poco antes para avisarle de que la Agencia Tributaria se encontraba en la discoteca BCM realizando una inspección.
Además de anunciarle que él se dirigiría a esa temprana hora a la discoteca de Magaluf para tener información de la actuación de los agentes tributarios, el director financiero le señaló que su contacto también se desplazaría al negocio de Calvià. La Policía tiene muy claro, y así lo señala en su informe, que este funcionario de la Agencia Tributaria tiene información puntual de los movimientos que realiza Hacienda y que se moviliza cuando se trata de algún negocio relacionado con el Grupo Cursach. Lo que no saben, al menos de momento, los investigadores es si este funcionario actúa de esta manera desinteresada porque mantiene una amistad con Pérez Marsá o, si a cambio de facilitar esta información, recibe algún tipo de beneficio personal.
No es la primera vez que se detecta la influencia de este grupo empresarial en determinadas instituciones públicas, sobre todo en las que intervienen y se encargan de controlar los negocios que explota el Grupo Cursach.
Así, por ejemplo, se ha detectado que uno de los directivos de la empresa, antiguo policía local de Palma, sobornaba a funcionarios del departamento de Gerencia del ayuntamiento de Palma, entregando dinero en metálico y botellas de champán francés. Además, también se han detectado otros contactos en el ayuntamiento de Calvià o en la conselleria de Turismo, que supuestamente beneficiaban al Grupo Cursach.
En este último informe policial entregado hace unos días en el juzgado, el Grupo de Blanqueo acusa al empresario del ocio de haber cometido, supuestamente, un fraude fiscal calculado en 51 millones de euros.
A ello habría que sumarle un segundo fraude a la Seguridad Social de otros 14 millones de euros, porque se ha detectado que muchos de los empleados de la empresa trabajaban sin contrato. La Policía ha constatado grandes diferencias entre el dinero que se recaudaba, sobre todo en metálico, y el que posteriormente se tributaba.
