Bartolomé Cursach tenía conocimiento puntual de la recaudación diaria que hacía cada uno de sus negocios, según se afirma en el informe del Grupo de Blanqueo de la Policía, que propone acusar al empresario de nuevos delitos, que se sumarían a los que ya se le imputaron en el momento de su detención.
El empresario recibía un mensaje telefónico de sus directivos en el que se detallaba las cifras de los ingresos que se contabilizaban en caja en cada uno de sus negocios de ocio. Esta misma información la recibía también su ejecutivo Bartolomé Sbert. Estos ingresos, según la Policía, no se reflejaban en las declaraciones oficiales que se presentaban ante las autoridades tributarias. Se declaraba a Hacienda mucho menos dinero del que se ingresaba y, por tanto, se pagaban menos impuestos de los que le correspondían por el volumen de negocio que realizaba.
Además de Cursach, como máximo responsable del grupo de ocio, el Grupo de Blanqueo de la Policía propuso la detención de 17 de sus directivos. Se trata de las personas de su máxima confianza y que controlan sus negocios que tienen un mayor volumen económico. Es decir, se trataría de las personas que habrían participado en el manejo de una doble contabilidad para ocultar los ingresos reales que obtuvo el grupo empresarial. Sin embargo, estas detenciones, previstas para la semana anterior, no fueron autorizadas por el responsable policial. Se acordó que la decisión definitiva la acordara el juez Florit. Sin embargo, parece poco probable que el magistrado acuerde estos arrestos y se limite a tomarles declaración como imputados.
La implicación de estos directivos del grupo es el resultado de una compleja investigación que ha realizado el Grupo de Blanqueo de la Policía, basado en el análisis de documentos, grabaciones telefónicas y declaración de testigos.
Entre los directivos sobre los que se propuso, no solo su imputación, sino también su detención, figura el exdirector general, Bartolomé Sbert, así como el actual responsable del grupo, Miguel Pérez Marsa, a quien la Policía le sitúa como "ideólogo" de toda la trama económica para ocultar a Hacienda los verdaderos ingresos económicos que tuvo la empresa. De hecho, los investigadores destacan sus grandes conocimientos en materia fiscal.
También se solicita la imputación de Catalina Vila, jefa del área de recursos humanos, a la que se atribuyen las maniobras para ocultar que muchos empleados trabajan sin contratos. Otro de los implicados sería Gerald Arnsteiner, que es el jefe de zona de los negocios del Arenal, así como al directivo Fernando Pareja. También aparecen implicados el sobrino de Cursach, Pedro Rosselló, y el director de la discoteca Tito's, Jaime Lladó. Los otros empleados implicados en la trama serían directores o subdirectores de los distintos negocios que dirige el grupo, a los que se acusa de manejar la doble contabilidad.
