La jueza de instrucción 5 de Palma, Ana María San José, ha marcado una fianza de 10 millones de euros para la antigua cúpula de Carreteras del Consell de Unió Mallorquina (UM), encabezada por Antoni Pascual Ribot, que será juzgada junto a los directivos de la UTE que construyó, en 2004, la autovía de Palma a Manacor por un descuadre de casi 42 millones.
San José ha dictado el auto de apertura de juicio oral que tendrá lugar ante un jurado y también ha marcado una segunda fianza de 10 millones de euros para Sacyr y las otras empresas que integraron la UTE que construyó la autovía, menos Itinere Infraestructuras contra la que se retiró la acusación, y la explotó por el sistema del peaje en la sombra.
La magistrada ha desestimado las peticiones de las defensas de los 13 acusados, que básicamente se oponían a la apertura de juicio oral, discrepaban del alcance del presunto descuadre o negaban la malversación de caudales públicos.
La acusación particular en nombre del Consell de Mallorca reclama sendas penas de 7 años de cárcel para Antoni Pascual, Gonzalo Aguiar y Francisco Orejudo, la cúpula del departamento de Carreteras en 2004, cuando la institución era gobernada por Unió Mallorquina. Según el Consell, estos acusados, unidos a los responsables de la UTE que construyó la autovía, desviaron casi 20 millones de euros públicos y causaron a la entidad otro perjuicio de unos 42 millones de euros por los sobrecostes en las obras y el mantenimiento.
Además de los jefes del departamento de Carreteras del Consell, se encuentra acusado Gabriel Mestre, funcionario y celador de obras del desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor. El Consell solicita para Mestre una condena de 5 años de prisión. Por parte de la UTE se sentarán en el banquillo de los acusados Jaime Mascaró, gerente de la concesionaria (Pamasa); José Javier Navarro, jefe de producción; y Jerónimo Gutiérrez de Rave, jefe de obra. Las condenas que se piden para estos tres son iguales a las de los altos cargos políticos: siete años de privación de libertad.
Fianza de 10 millones
Para todos ellos se les reclama una fianza de 10 millones a depositar en 24 horas y si no se abrirá contra ellos una averiguación de bienes para su embargo.
En un segundo escalón se hallan empresarios que fueron subcontratados por la UTE y que sobornaron a los funcionarios haciéndoles gratis trabajos en sus fincas y casas particulares, obras que luego facturaban al Consell.
También hay hosteleros de la carretera de Manacor acusados de pagar sobornos a la cúpula de carreteras con dinero, fiestas o comidas multitudinarias. Para estos encausados -Pedro Miguel Riera; Sebastià y Bartolomé Cloquell y Guillermo Garí- se solicitan condenas de 1 año y 11 meses, que, en principio, no conllevarían el ingreso en prisión en caso de sentencias desfavorables.
Por último, restan dos implicados más, Carlos Calafat y Mónica Florit, a los que se imputa el colaborar con la presunta trama. Para ellos se proponen penas de 1 año y 11 meses y 1 año y 6 meses, respectivamente. Para todos ellos se piden fianzas de 100 euros.
