El nuevo decreto de garantía de demora que establece que ningún paciente del Servei de Salut deberá esperar más de seis meses para ser operado o dos para ser visitado por un especialista estará en vigor tras el verano, previsiblemente a finales de septiembre o principios de octubre, según los plazos que maneja el Servei de Salut.
Por de pronto, hoy se presentará ante el Consell de Salut, órgano de consulta y de participación sanitaria y comunitaria que previsiblemente le dará su visto bueno y le permitirá seguir adelante con los trámites preceptivos que le restarán hasta su entrada en vigor definitiva tras su aprobación en Consell de Govern y su posterior publicación en el BOIB.
Como se recordará, esta salvaguarda que prevé la derivación del paciente a otros hospitales públicos o concertados en caso de esperas superiores, fue promulgada en el año 2006 cuando al frente de la conselleria de Salud estaba la popular Aina Castillo. Y fue derogado 6 años después, en 2012, por otro conseller del Partido Popular, Martí Sansaloni, tras la promugación del decreto ley de medidas urgentes con el que el Govern de José Ramón Bauzá pretendía reestructurar el IB-Salut.
Pues bien, durante estos seis años de su vigencia, ningún paciente de la sanidad pública balear se acogió a él, como han admitido diversos directivos del IB-Salut, entre ellos Francisco Cárceles, subdirector asistencial de hospitales.
El nuevo decreto, que entrará en vigor tras su evaluación por el resto de conselleries del Govern y del Institut de la Dona -que debe velar para que no incurra en ninguna desigualdad de género- antes de la fase de dictámenes preceptivos del Consejo Económico y Social (CES) y del Consell Consultiu, tiene una novedad: Ningún paciente deberá esperar más de seis meses desde que, habiendo sido visitado por un especialista que le ha pedido una prueba diagnóstica, vuelva a su consulta para que le informen de los resultados de la misma, explicó Cárceles.
El informe de la prueba, en enero
No obstante, esta nueva salvaguarda, tal y como se establece en el anteproyecto del decreto, no entrará en vigor al mismo tiempo en que lo haga el texto legal (tras el verano) sino a partir del 1 de enero del año que viene
"Y todas las pruebas diagnósticas tendrán un tiempo de espera máximo de 60 días", añadió el subdirector asistencial, que recalcó que desde que asumieron la conselleria de Salud en el año 2015 están trabajando para reducir las listas de espera hasta un nivel que permitiera la reimplantación de este decreto.
Según los datos recogidos en el portal de transparencia del IB-Salut, a finales de pasado mes de abril había un total de 5.652 pacientes que podrían acogerse al decreto.
