La Audiencia Nacional ha condenado al Govern balear a pagar 142.645 euros más intereses a Turespaña, correspondientes a una parte de la construcción de "salas multifuncionales" en las localidades menorquinas de Sant Lluís y Ferreries, por haberlas ejecutado parcialmente fuera de plazo.
Los hechos se remontan al año 2009, fecha en la que se formalizó un convenio entre el Instituto de Turismo estatal y el Govern para ejecutar obras de interés turístico por valor total de 30 millones de euros, aportados en su integridad por el organismo dependiente de la secretaria de Estado de Turismo. De ellos, cinco iban a financiar la sala que ocupa las antiguas dependencias del teatro municipal de Sant Lluís, y el auditorio cerrado con capacidad para 260 personas, un auditorio abierto con una pantalla para proyecciones al aire libre y un centro de artes escénicas en Ferreries.
El plazo de finalización de las actuaciones expiraba en 2012, pero ante la incapacidad de llevar a cabo las actuaciones previstas, la conselleria de Turismo del Govern solicitó una prórroga, que otorgaba un nuevo plazo de ejecución de las obras fijándolo en febrero de 2014, y un año más para la justificación. Tampoco en ese plazo se pudo completar la construcción de las obras previstas, por lo que se solicitó una nueva prórroga. Pese a todo Turismo, que tenía a su vez conveniado con el Consell de Menorca la ejecución de las actuaciones, fue incapaz de justificar el 100% del coste de la obra en los plazos establecidos.
Según la resolución de Turespaña, una parte de las actuaciones se hicieron "fuera del plazo establecido" y, por tanto, los técnicos del organismo fijaron en 142.654,68 euros la cantidad del incumplimiento. Al calcular la diferencia sobre los 5 millones aportados inicialmente, el Estado reclamó a Turismo los 142.654 euros, más los intereses correspondientes. Ante esta resolución, el Govern presentó un recurso a la Audiencia Nacional en el que intentó argumentar la imposibilidad de ejecutar el total de las obras en tiempo y forma, y el hecho de que la comisión mixta entre administraciones no hubiera abordado la cuestión.
La sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en sentencia de 11 de abril de 2018, considera que la Conselleria que dirige Bel Busquets debe abonar los 142.654 más los intereses por haber incumplido "la obligación de reintegro de cantidades no justificadas" respecto del convenio de colaboración que se suscribió entre el Instituto de Turismo de España y la comunidad autónoma de las Illes Balears para construir "salas multifuncionales" en las localidades menorquinas de Sant Lluís y Ferreries. De esta forma, la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso del Govern contra Turespaña, que pretendía no tener que hacer frente a la cantidad reclamada.
