El Tribunal Supremo comunicó el pasado lunes al Govern que su recurso de amparo presentado por la sentencia de la sala de lo contencioso de Palma que anulaba la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes residentes en las islas en situación irregular "no tiene interés casacional ni resulta conveniente su pronunciamiento sobre este asunto".
De esta manera, el alto tribunal estaría avalando la anulación de la devolución de sus derechos sanitarios a los 'sin papeles' decretada meses antes por el TSJB.
No obstante, desde la conselleria de Salud precisaron que podrán seguir prestando asistencia sanitaria a las personas en esta situación administrativa gracias a que introdujeron este derecho en los Presupuestos Generales de la CAIB de este año con el objetivo de ganar tiempo.
Así, la resolución del director general del Servei de Salut que devolvió en julio de 2015 sus derechos asistenciales a este colectivo y que fue "tumbada" por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJB en septiembre del año pasado, se mantendría en vigor gracias a su inclusión en la Ley de Presupuestos de la CAIB para este año.
Una introducción que estableció que "todo residente en las Illes Balears, independientemente de su situación administrativa, tendrá derecho a la asistencia sanitaria. Y que el coste que pudiera tener la misma recaería en los presupuestos de la comunidad autónoma, nunca a cargo de los fondos de la seguridad social", explicaron fuentes de la conselleria de Salud.
Con esta inclusión, la medida humanitaria habría adquirido rango de ley y ahora tendría que ser el Tribunal Constitucional el órgano judicial que tendría potestad para recurrirla, como ha ocurrido con otras comunidades autónomas.
Unos dos años de prórroga
Y desde el departamento de Patricia Gómez recordaron que los fallos de esta última instancia judicial se demoran habitualmente en torno a los dos años, periodo durante el cual se podrá seguir dando asistencia a los inmigrantes irregulares.
Precisamente ayer la consellera de Salud se encontraba en Madrid participando en un Consejo Interterrritorial en el que, entre otros puntos del día, se iba a abordar la atención universal en el Sistema Nacional de Salud.
Al abandonar el Consejo Interterritorial, la consellera Patricia Gómez lamentó que ese punto del orden del día se dejara para el final de una maratoniana reunión lo que impidió, como fue su caso, que muchos responsables de Salud autonómicos pudieran participar en el debate del mismo dado que tenían billetes de avión o de tren para regresar a sus comunidades de origen.
No obstante, Gómez señaló que antes de abandonar la reunión se dirigió a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, para reclamarle que "desde el Gobierno central dejen de acosar judicialmente a las comunidades autónomas que han devuelto la asistencia sanitaria a todos sus ciudadanos".
La consellera recordó que no hay ninguna evidencia científica ni se ha aportado ningún documento que demuestre que esta medida (retirar la tarjeta sanitarias a los inmigrantes) es efectiva económicamente para el Sistema Nacional de Salud (SNS).
"Necesitamos volver a la universalidad de la atención y revisar todos los copagos. Queremos atender a todos los ciudadanos y para eso pedimos que se derogue el real decreto 16/2012", detalló antes de proponer la desinversión en "todo aquello que no aporte valor para invertir en lo necesario", así como plantear temas de inversiones especiales en medicamentos o tecnología sanitaria.
Por último, fuentes del Servei de Salut detallaron que, a fecha del pasado lunes, se habían devuelto en las islas un total de 12.233 tarjetas sanitarias a este colectivo de las que 9.246 se entregaron a residentes en Mallorca, 755 en Menorca, 2.049 en Eivissa y 183 en Formentera.
