24 de marzo de 2018
24.03.2018
Caso Cursach

El juez acusa a Cursach de siete delitos por sobornar a funcionarios

Pretende llevar a juicio a 24 personas, entre las que figura la exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell, empleados del grupo, el exjefe de la Policía Local de Palma y un grupo de agentes que estarían actuando a las órdenes del empresario

24.03.2018 | 02:45
El juez asegura que Bartolomé Cursach dirige un grupo criminal implantado en Mallorca.

El juez Miguel Florit ha dictado un contundente auto en el que detalla con precisión las maniobras ilegales que habría cometido el Grupo Cursach, con su propietario al frente, para conseguir una posición privilegiada en el negocio del ocio. Una forma de ganar dinero basada en crear una red de control que se habría extendido sobornando a políticos, funcionarios y policías locales, sobre todo de Palma.

El nuevo instructor de este caso de corrupción resume en un escrito de 55 folios una actividad que, a su entender, justifica que Bartolomé Cursach se siente en el banquillo, acusado de siete delitos por los que podría ser condenado a más de 20 años de cárcel. Y junto al empresario también serían juzgadas otras 23 personas, entre las que figuran empleados, un antiguo jefe de la Policía Local, varios agentes de la Patrulla Verde, funcionarios de Cort y de la conselleria de Turismo, y la que fuera directora general del Govern, Pilar Carbonell. Un total de 24 personas que estarían acusadas, en mayor o menor grado, de los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de drogas y coacciones.

Los investigados que están incluidos en este auto judicial, además de Cursach y Pilar Carbonell, son los dos ejecutivos del grupo de ocio, Bartomeu Sbert y Antonio Bergas. También se incluye al exjefe de la Policía Local de Palma, Joan Mut, y a los agentes policiales Gabriel Torres, Gabriel Mayol, Josep Mayol, Rafael Amengual, Feliciano Franco, Bartolomé Capó, Carlos Vallecillo, Carlos Tomás, Miguel Estarellas, Nicanor Góngora, Rafael Estarellas, Felipe Florit, Tomás Mas y Daniel Montesinos. Implica también al funcionario de Turismo, Bernardí Seguí y al exdirector general de Calvià, Jaime Nadal, así como al director de la discoteca Tito's, Jaime Lladó y al que fuera el jefe de sala, Arturo Segade. En total, 24 acusados en lo que supondrá el primer gran juicio de esta pieza separada que deriva de la investigación principal de la llamada trama policial.

El juez Florit, con esta resolución, viene a confirmar todas las decisiones que había tomado su antecesor en la instrucción, el magistrado Manuel Penalva, que fue apartado del caso tras ser recusado por los abogados.

La Policía a su servicio


Al igual que sostenía el anterior instructor, el juez Florit llega a la conclusión, y así lo detalla en su auto comunicado ayer, que Bartolomé Cursach tenía a su servicio a la Policía Local de Palma y de Calvià. Gracias a este poder conseguía proteger sus negocios, pero sobre todo perjudicar a su competencia. Lograba que la Policía Local realizara constantes redadas o inspecciones en los negocios que le hacían perder dinero al Grupo Cursach, hasta que conseguía la ruina de estos empresarios. Al mismo tiempo, estos policías avisaban a la empresa cada vez que estaba prevista realizar una inspección en uno de sus locales. A cambio de todo ello, estos agentes eran recompensados con fiestas en la discoteca Tito's, con presencia de prostitutas, o pases gratuitos en su gimnasio.

Pero además de la Policía Local, esta poderosa empresa también tenía un especial trato de favor en determinadas administraciones que podían intervenir en sus negocios. Por ejemplo, según resalta el juez, Cursach tenía influencia en el Ayuntamiento de Palma, en el de Calvià y en la conselleria de Turismo. El auto asegura que los funcionarios realizaban inspecciones a la carta, o en el caso de Carbonell, desde su cargo de directora general de Turismo, aceleraba la tramitación de unos permisos. El juez también señala que la política, que dimitió por este escándalo, era quien se encargaba de paralizar las sanciones que imponían a la empresa de Cursach en Calvià.

Sobre Joan Mut, el exjefe de la Policía Local de Palma, se le acusa de amparar a los agentes que actuaban en connivencia con Bartolomé Cursach.

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