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Televisión pública

El Consell paga a un empleado de su TV siete años después de cerrarla

El juez obliga a tener algún trabajador en activo mientras dura el proceso de liquidación del ente

El control de TV-Mallorca el día que emitieron su último informativo antes del cierre. b.ramon

El Consell de Mallorca está pagando todos los meses a un empleado de TV-Mallorca siete años después de cerrar el ente, concretamente a finales de 2011. Jesús Jurado, vicepresidente y Conseller de Presidencia explicó que se trata de una obligación que impone el concurso de acreedores de tener, como mínimo, un trabajador en activo mientras dura el proceso de liquidación. Resulta que el cierre de TV-Mallorca se está dirimiendo por la vía judicial mercantil y el proceso, con la polémica compra de la sede de Son Puig, se está eternizando y ya lleva más de seis años.

El empleado que todavía sigue cobrando, según el Consell, casi 2.000 euros mensuales, era el jefe técnico de la Televisión, Toni Sintas, que en estos momentos se encarga de supervisar la venta de los activos, como son cámaras y aparatos técnicos, y de tramitar los documentos que le encarga el administrador concursal del proceso de liquidación, que además vive en Valencia.

Al Consell no le queda otra salida que mantener el presupuesto de TV-Mallorca, dotado en los últimos años de unos 100.000 euros anuales, a raíz del enrevesado y caótico proceso de liquidación de la cadena, al estar todavía en fase de concurso y en manos de un administrador concursal.

Farragoso proceso

Este estadio fue dictaminado por la sentencia que a finales de 2011 condenaba a la empresa pública Radio y Televisió de Mallorca a pagar más de 12 millones de euros a la empresa TEMA, una filial de la constructora FCC, concesionaria del concurso para la compra de la finca de Son Puig. Allí el Consell presidido por María Antònia Munar pensaba instalar la sede del ente audiovisual. Un proceso de adquisición que fue denunciado por la oposición en aquel momento y que consideraron un "pelotazo" que el Consell pagara unos 12 millones por la citada finca a FCC. La multinacional de la construcción es uno de los acreedores principales de TV-Mallorca, ya que el juez se ha negado a que el Consell sea responsable de las deudas del ente televisivo insular de Mallorca, tal y como exigían los acreedores.

De igual modo, un importante número de productoras y empresas de servicios y suministradoras tampoco han cobrado por esta cuestión y les deben más de un millón de euros.

Mediante el presupuesto que cada años, desde el 2011, debe aportar el Consell de Mallorca, se paga a su único empleado con un sueldo de 29.000 euros anuales; una partida para gasto corriente en bienes y servicios dotada con algo más de 38.500 euros, por el mantenimiento de un almacén donde permanece parte del material que pertenecía a TV-Mallorca; y otra cantidad en el capítulo de activos financieros de casi 69.000 euros que corresponde a la devolución de un préstamo. La situación no ha cambiado en los últimos siete años desde que el PP llevó a cabo el desmantelamiento de la cadena con la sociedad en manos del administrador concursal y a la espera de concretar la liquidación definitiva de la empresa pública. El PP decidió cerrar TV-Mallorca cuando María Salom y José Ramón Bauzá llegaron al poder en 2011, alegando que era necesario ahorrar en gasto público.

Jesús Jurado afirmó que esperan que el proceso judicial de "liquidación se resuelva este mismo año, ya que se ha eternizado demasiado". El vicepresidente del Consell no escondió su contrariedad al tener que dotar a TV-Mallorca de un presupuesto y pagar a un empleado cuando la cadena lleva casi dos legislaturas cerrada.

"Desde el equipo de gobierno del Consell pensamos que el PP realizó el cierre de TV-Mallorca de forma muy deficiente, especialmente dejando de pagar a los empleados y a un nutrido grupo de productoras que lo han pasado muy mal durante estos años", aseguró Jesús Jurado.

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