La judicatura mallorquina apoya a la magistrada de primera instancia de Palma a la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas (una investigación) a raíz de que dictase una sentencia en catalán, hace más de un año, y que aún no ha sido traducida al castellano como solicitó un abogado gallego personado en esa causa. Medios judiciales ven muy improbable que la jueza acabe siendo sancionada, al mismo tiempo que ésta ha rechazado, en su alegato ante el CGPJ, que haya causado indefensión al abogado gallego por emitir la sentencia en catalán.
El juicio se celebró hace más de un año en uno de los juzgados de primera instancia de Palma y versó sobre un asunto civil de no gran calado. La vista se hizo en castellano y la magistrada dictó la sentencia en catalán, como era su costumbre hasta hace poco. El letrado gallego pidió la traducción al castellano, un trámite que se ha demorado más de doce meses por falta de traductores en catalán de la gerencia del ministerio de Justicia en Balears. El interesado presentó una queja ante el CGPJ por el retraso en la traducción, pero también alegó indefensión por el hecho de que el fallo estuviera dictado en catalán.
Interpretación errónea
La jueza ha tenido que responder a unas preguntas del instructor de la queja, varias de las cuales se han centrado en cómo transcurrió el juicio y en si el letrado gallego ha podido ver vulnerado su derecho de defensa por la sentencia en catalán.
La magistrada ha rechazado que haya causado indefensión al justiciable y ha explicado los pormenores del caso.
El CGPJ ha inquirido a la jueza por si había pedido permiso al abogado para dictar la sentencia en catalán. La magistrada ha recordado al órgano de gobierno de los jueces que la Ley no obliga a solicitar permiso en esos supuestos, dado que el catalán es una de las dos lenguas cooficiales de Balears.
De hecho el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula el uso de los idiomas oficiales de las distintas Comunidades Autónomas en la Justicia da plena validez a las resoluciones dictadas en lenguas como el catalán o el vasco, sin que sea preciso pedir permiso a las partes. Según fuentes judiciales, el problema se ha suscitado por la penuria de traductores del Ministerio. De hecho solo hay una traductora del catalán para todas las islas y tiene muchas resoluciones pendientes de traducir, entre otras varias sentencias. Una posible solución que se baraja sería que alguna institución externa, por ejemplo el Consell, se hiciera cargo de las traducciones.
